Las residencias de Pablo Iglesias
El partido del vicepresidente Pablo Iglesias, responsable, en la crisis, de los servicios sociales, incluidas las residencias de mayores de toda España, ha presentado una propuesta en el Congreso que busca retirar a las empresas privadas de este sector y nacionalizarlo para "acabar con esta situación de forma inmediata". No es de extrañar que lo hagan quienes -el vicepresidente y su partido- defienden la nacionalización de los medios de comunicación, acabar con la contaminante industria del automóvil, responsable de un 10 por ciento del PIB, socializar la mayoría de los medios de producción, acabar con la banca privada, generar una renta mínima para todos los ciudadanos o declarar la República Popular, Y eso, aunque el vicepresidente y su partido sean lo que son gracias a una Constitución que rechazan, pero que aprovechan en su beneficio.
Dar al vicepresidente del Gobierno un papel relevante en el CNI y otorgarle el "cuidado y control" de las residencias de mayores, públicas y privadas, decidir cuándo y qué centros debía desinfectar la Unidad Militar de Emergencias, es como poner a la zorra a cuidar del gallinero. Por eso no es de extrañar que, cuando ha tenido que opinar, se ha despachado, siempre sin asumir ninguna responsabilidad, echando la culpa a otros -lo que ya es la norma de todo el Gobierno- pero, sobre todo, criticando "la privatización y los recortes del PP". El mantra socialcomunista.
La crisis ha azotado terriblemente a las residencias de mayores, en parte por falta de recursos médicos y en parte porque sus integrantes son población de riesgo. La medida de edad es de más de 83 años y su salud, casi siempre precaria. Pero es que, además, las residencias están creadas para cuidar, no para curar. Hay algunos datos que aclaran cosas. Una cama hospitalaria cuesta cerca de 900 euros al día. Una cama en una residencia pública de Madrid o de otras comunidades autónomas, 90 euros. Si se trata de un centro concertado, las Administraciones públicas pagan 50 euros. Pretender que los cuidados sean similares a los de un hospital, es engañarse haciendo solitarios. 50 o 90 euros para cubrir alojamiento, alimentación, limpieza, cuidados sanitarios, atención médica, geriatría, atención a la dependencia, etcétera.
Medicalizar las residencias, mejorar sus espacios públicos exige inversiones muy elevadas. En España hay el doble de residencias privadas que públicas: 3.844 frente a 1.573. En las privadas hay una media de 70 plazas frente a 65 en las públicas. El 58 por ciento tiene menos de 50 plazas. Las empresas privadas están cubriendo el agujero que dejan las Administraciones públicas -no las del PP, todas- y el hecho de que la Ley de Dependencia de Zapatero fuera un brindis al sol porque no tuvo nunca asignación económica suficiente. Hay más de cien mil demandas de mayores que no pueden ser atendidas ni por unos ni por otros.
En esta crisis, muchos mayores han muerto en residencias porque los hospitales estaban tan saturados que no podían atenderles y dieron prioridad a los más jóvenes. Y muchos de sus cuidadores -en su inmensa mayoría excelentes, en gran parte inmigrantes porque los españoles no quieren ese trabajo- han sufrido el virus tanto como todos los sanitarios porque les faltaban medios de protección y las posibilidades de contagio eran inmensas. Cuando se haga el análisis de esta crisis en las residencias, habrá que saber de verdad qué ha pasado, cómo ha reaccionado el sector público y el privado y tomar medidas. Seguramente habría que dar ayudas para fomentar la competencia y así aumentar la calidad y rebajar los precios. Y regular mejor los recursos humanos. Pero también habrá que pedir responsabilidades al vicepresidente responsable de los servicios sociales. Yo no voy a pedir la nacionalización de la otra residencia, la privada del señor vicepresidente, pero me pregunto qué pinta este vicepresidente en un Gobierno que se autoproclama "de progreso". Aunque no lo sea.
