El Ingreso Mínimo Vital

El gobierno ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de que llegue a 850.000 hogares con una renta mensual para cada uno de ellos de entre 461 y 1.015 euros, una respuesta a la terrible afección de la crisis del coronavirus que ha dejado sin emolumentos a cientos de miles de ciudadanos. Esta manera de "no dejar a nadie atrás", una doctrina muy antigua en todo el mundo hasta el punto de que la renta base que ayer aprobó el ejecutivo corresponde con similares figuras de países de nuestro entorno, está llamada a ser el baluarte defensivo desde el que resistir para posteriormente avanzar, y de hecho la mejor noticia se producirá cuando vaya menguando la nómina de beneficiarios y, por el contrario, vayan engrosándose la plantilla global del mercado de trabajo de España.

El hecho de que sea quizás una de las medidas menos polémicas del gabinete de Pedro Sánchez, dentro del polvorín en que se ha convertido irresponsablemente nuestra arena política, refleja claramente la evidencia de que cientos de miles de personas y familias precisan de este soporte sobre el que reconstruir una cierta normalidad de la que, además, a través del consumo y la inversión, puedan obtener un impulso en su actividad las estructuras empresariales, frente a nubarrones como la deslocalización de grandes compañías de sectores estratégicos como la automoción. El objetivo, a través de políticas abiertas de estímulo, no es cercenar las posibilidades de los empleadores mediante una fiscalidad que pueda desincentivar, sino apuntalar un marco normativo y de cultura económica sobre el que se asienten los cimientos para acabar con la pobreza, con la vulnerabilidad y la exclusión. El Ingreso Mínimo Vital ha de ser un instrumento imprescindible, nunca un fin.