Opinión

La salida del rey emérito

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  • GRUPO HENNEO
OPINIÓNACTUALIZADA 04/08/2020 A LAS 02:00

Justificándose en «la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», el rey emérito anunció ayer a Felipe VI su voluntad de abandonar España. Don Juan Carlos expresa, de este modo, su «más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar» el desempeño que requiere la alta responsabilidad que desarrolla el Rey. La salida de don Juan Carlos de la Zarzuela marca una clara ruptura de la Corona y de don Felipe con conductas que aparentemente están alejadas de la ejemplaridad. Un mensaje que preserva la dignidad y el papel de una institución constitucional.

La investigación judicial que afecta a las finanzas privadas de don Juan Carlos ha ido poniendo de manifiesto, de momento, aspectos que de confirmarse poco tendrían que ver con un comportamiento ejemplar. Desde la Transición democrática había un pacto tácito para dejar a la Jefatura del Estado al margen de todas las controversias y reforzar aún más la figura del Rey, de acuerdo con la Constitución, en un papel de árbitro imparcial, ganado a pulso por la autoridad moral conquistada por el propio Juan Carlos I al dirigir la instauración de la democracia.

A tenor de los diferentes hechos que se van conociendo, parecía inevitable una desvinculación de don Juan Carlos respecto al rey Felipe VI, a su Casa y a su familia. Don Felipe dio un primer paso en marzo al rechazar explícitamente la herencia de su padre. Ahora, la salida del rey emérito del Palacio de la Zarzuela y la fijación de su domicilio fuera de España –sin perjuicio de que permanezca a disposición de la Fiscalía– refuerzan el mensaje: ni el Rey ni la Corona tienen nada que ver con asuntos muy controvertidos y preocupantes sobre los que habrá de resolver la Justicia. El comportamiento particular del rey emérito no debe afectar a la dignidad y a la estabilidad del rey Felipe VI, que ha dado repetidas muestras de su respeto y defensa de una institución clave del edificio democrático de España. En un momento que no deja de ser doloroso para muchos españoles, que sienten por don Juan Carlos un indudable afecto, conviene tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que debe respetarse la presunción de inocencia, a la que Juan Carlos de Borbón tiene derecho como todo ciudadano, y, en segundo lugar, que el valor aportado a España por la tarea institucional de Juan Carlos I durante su reinado merecerá siempre el mayor reconocimiento colectivo por parte de los españoles.

En todo caso, ni la institución monárquica ni su regulación constitucional pueden ser puestas en entredicho. La investigación judicial no hace sino demostrar, una vez más, que la democracia y el Estado de derecho funcionan plenamente en España. Con el distanciamiento de su padre, inevitablemente doloroso, Felipe VI se carga de respeto para seguir ejerciendo con plena autoridad las funciones encomendadas a la Corona en la Constitución.

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