Huesca: Participación y transparencia frente al inmovilismo
A poyar los procesos de participación ciudadana es algo compartido por la práctica totalidad de las formaciones del espectro político. También hay un amplio acuerdo en que con ello se entiende que los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. La participación activa se refiere a que los mismos ciudadanos jueguen un rol en la elaboración de políticas públicas; por ejemplo, proponiendo alternativas. Sin embargo, tanto la definición de una política como la decisión final sigue siendo responsabilidad del gobierno.
Existen muchas más pero podemos dar tres razones para argumentar porqué las instituciones públicas deben reforzar sus relaciones con los ciudadanos y para ello informarles, consultarles y favorecer su participación activa: con ello se elaboran políticas públicas de mejor calidad, se acrecienta la confianza en las instituciones públicas y se incrementa la transparencia de la administración pública, volviéndola más responsable. El resumen de todo ello es que la democracia sale más fortalecida.
Además de conveniente, la participación ciudadana debe contemplarse como una obligación legal de las administraciones ya que, por ejemplo, el artículo 15.3 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que: "Los poderes públicos aragoneses, promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individuales y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico".
Mucho han avanzado y evolucionado los mecanismos de participación ciudadana especialmente en los ayuntamientos donde, por cercanía al ciudadano, más efectiva y fácil de aplicar resulta esta estrategia. Desde unos inicios con reglamentos que tenían un marcado carácter formal de reconocimiento de un derecho y poco más se ha pasado a pasado a una revisión de los canales y estrategias para favorecer la participación más allá del propio reglamento: presupuestos participativos, planes de desarrollo comunitario de zonas concretas, consultas urbanísticas, nuevas tecnologías para favorecer la interrelación vecinos-ayuntamiento, gestión de programas sociales,... Todo ello enmarcado en lo que se ha venido a llamar Planes Estratégicos de la Participación. Pero cuando la relación con las asociaciones y los vecinos y vecinas se reduce a pláticas informativas para vender las bondades del proyecto ya definido que tenemos para un barrio, cuando quienes se deciden a participar constatan que su capacidad para influir en presupuestos, prioridad de inversiones, o puesta en marcha de nuevos servicios es prácticamente nula, cuando las tareas de sensibilización para impulsar la participación no existen y se ignora o desprecia cualquier colectivo discrepante con la postura oficial del Equipo de Gobierno, cuando todo esto se da, el caldo de cultivo para el desánimo participativo está más que servido.
Y es que en Huesca, lejos de avanzar se están produciendo retrocesos inadmisibles. No deja de ser cierto que en nuestra ciudad la práctica asociativa (clave para la participación ciudadana) está en horas bajas (las dificultades para renovar las presidencias de algunos barrios es buena prueba de ello) pero no es menos cierto que Luis Felipe y su política distante han contribuido en gran manera a ello. Las instituciones públicas en general y los ayuntamientos en particular, con sus prácticas, son claves para impulsar o desactivar la participación ciudadana.
Por ello frente al inmovilismo con la participación ciudadana hemos de apostar por un Plan Municipal de Participación que sea elaborado por el conjunto de los departamentos municipales, desde un diagnóstico común y con un compromiso compartido. Es una apuesta por la democracia participativa mediante una política transversal para modernizar la administración e implicar a la ciudadanía en la gestión de lo colectivo, estableciendo, áreas de actuación, líneas de intervención, acciones a realizar y un orden de prioridades.
Un plan municipal de participación que debe vincular, de una u otra manera, a todos los agentes con presencia en el municipio que son susceptibles de desempeñar una responsabilidad en los procesos participativos y que pueden ser de naturaleza my diversa: cargos públicos, técnicos municipales, miembros de asociaciones, empresas, sindicatos y otras instituciones y administraciones presentes en el territorio.
En resumen, una apuesta por la participación y la transparencia frente al inmovilismo. Sea.
