España suspende
Es una pésima noticia que un país necesite ocho leyes educativas en 40 años porque evidencia una alarmante falta de diálogo democrático. Me resisto a creer que la clase política, no se haya parado a pensar que construir dando bandazos es sinónimo de destruir.
La educación es un aspecto fundamental y básico de la persona que el Estado debe regular ya que supone contemplar múltiples aspectos de presente y futuro. Apoderarse de ella es una tentación demasiado apetecible para los gobernantes y motivo de preocupación para quienes educamos.
Lo normal sería haber favorecido un verdadero acercamiento a las posiciones del resto. Cimentar un pacto pedagógico duradero supone apelar a la responsabilidad de las partes por igual para lograr un objetivo común. Cuando todos cedemos, ese ejercicio de solidaridad y ejemplo beneficia al conjunto.
En nuestra historia reciente solo un ministro, Ángel Gabilondo, supo hacerlo con cordura, con debate abierto, con ganas y, como él nos decía, con corazón. El Pacto educativo estuvo a un tris de ver la luz apoyado por la inmensa mayoría de quienes formábamos el Consejo Escolar del Estado. Esas líneas maestras cayeron por culpa de la crisis económica de mayo de 2010 y por las ambiciones partidistas que enterraron la esencia. Hoy parece inviable retomar la vía de la lógica, la palabra y la esperanza.
El Congreso recibió a primeros de este año la propuesta de Lomloe con el interés de que se aprobara cuanto antes. La gravísima crisis sanitaria, que en cualquier otro sitio habría paralizado esta reforma hasta encontrar normalidad, ha sido la excusa perfecta para eliminar el proceso de aportaciones de un sector formado por cerca de diez millones de personas.
Sin verdadera participación de estudiantes, ni familias, ni profesionales, ni consenso, la ley ha avanzado solo en despachos de no se sabe quién, llegando a la ponencia de Educación que se la ventiló en cinco sesiones cuando lo normal son tres meses. Aún así incorporaron más de 300 enmiendas a la redacción. Sus señorías ratificaron el jueves los trabajos en el Pleno de la Cámara Baja. Que el lector enjuicie la profundidad con la que votaron 1.165 enmiendas en un mismo día.
En Huesca hay 700 profesionales docentes y no docentes que trabajan con ilusión en 16 centros del Alto Aragón. A esta escuela concertada acuden cada día más de 6.500 alumnos y alumnas diversos, plurales y hasta muy especiales. Somos un grupo de gente seria, rigurosa, muy trabajadora y comprometida con la educación absolutamente de tod@s. Por eso, y por mil razones más, no entendemos que esta ley nos haga "subsidiarios" como dicen abiertamente IU y Podemos, que se ignore nuestra leal colaboración, que no se tenga en cuenta la calidad de la oferta educativa de los centros en donde trabajamos, que se ignore el enorme esfuerzo material y humano de décadas, que se vaya vaciando progresivamente la oferta de plazas para que padres y madres no puedan elegir, que se esté dispuesto a construir aulas en la "educación pública como eje vertebral". El partido morado liderado por Iglesias explica a sus simpatizantes que "no significa que la privada concertada vaya a desaparecer, como red subsidiaria a la pública, ni que se ataque la libertad de nadie." Y añade "la nueva Ley de Educación viene a revertir años de recortes y destrozos en la educación pública." Por favor, pínchenme,. Me quedo perplejo, atónito y ojiplático. Resulta que el dolor soportado en esta década era mentira y que nos quejábamos sin razón. En los duros años de la crisis denuncié una y otra vez, los injustos recortes en pública…pero también en concertada. Que nadie dude que fueron mayores y empezaron 18 meses antes cuando el gobierno no nos abonó un incremento pactado de 30€ mensuales. Sobre nuestras espaldas fueron cayendo, de forma recrudecida, el abaratamiento del despido laboral, la prórroga de la edad de jubilación hasta los 67, la pérdida de cotización para la pensión, la misma jornada laboral semanal que hace 28 años, una dedicación infinitamente mayor, falta notoria de personal y un sinfín más al que hacemos frente multiplicándonos para que no lo noten ni nuestro alumnado, ni sus familias. No es su culpa, ellos se merecen mucho más.
Estamos ante un momento muy delicado. Salvo que se nos aclare cómo y quiénes van a pagar ese dispendio, no toca montarse aventuras. La Lomloe, en este contexto y en el inmediato que acecha, es un despropósito mayúsculo. Señora ministra, una alto funcionario de DGA me decía hace no mucho que cada vez que usted hablaba subía el pan. Yo también lo creo. #StopLeyCelaá
