Eutanasia, voluntaria, libre e informada
Cuando nacemos, solo tenemos una única certeza y es la de que vamos a morir. Esa condición de mortalidad va muchas veces unida a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor y aunque son realidades inherentes a la condición humana, nos sobrecogen e intimidan, haciéndonos vivir de espaldas a esa muerte que aparece como una amenaza, como un fracaso, convirtiéndose en un tabú.
Sólo cuando miremos la realidad de la muerte de frente seremos capaces como sociedad de avanzar y procurar que los logros que se han conseguido en este país para una vida digna, lo sean también para una muerte digna.
El Congreso de los Diputados dio el 17 de diciembre un gran paso en la defensa de la dignidad personal, la libertad, la autonomía de la voluntad y la intimidad, cuando aprobó con un amplio respaldo de los partidos de la cámara, a excepción de PP, VOX y UPN, la Ley de la Eutanasia.
Una ley que persigue despenalizar la eutanasia reconociéndola como un nuevo derecho individual subjetivo de las personas mayores de edad y en condiciones plenas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren enfermedad grave, crónica e invalidante que les producen sufrimiento insoportable y deciden solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente.
Esta ley da seguridad jurídica y garantías sanitarias suficientes a la persona afectada que lo solicita, respetando sus creencias, ideología y su concepto de la vida y la muerte. Asegura que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo.
Esa voluntad personal será fruto de una deliberación con su médico y validado además por otros profesionales. La solicitud deberá ser registrada por el propio paciente en dos ocasiones, o bien por medio de un testamento vital, y todo el proceso será verificado por una Comisión de Garantías y Evaluación que se crea en la ley. Se contempla también la revocabilidad en cualquier momento. Como decía la diputada y ex ministra de sanidad Mª Luisa Carcero hace unos días "la persona decide, el Estado establece el derecho y le facilita que pueda hacerse efectivo".
Y todavía se da un paso más al regular el procedimiento para que pueda recibirse esa ayuda en condiciones de equidad, universalidad y calidad al incluirse como una prestación en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y por tanto accesible en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Esas garantías éticas y seguridad jurídica se trasladan también a los profesionales sanitarios implicados, regulando la objeción de conciencia.
En nuestra sociedad existe una gran sensibilización ante las situaciones que rodean el tema de la eutanasia, y la ley ha partido de un amplio consenso social. Testimonios de personas afectadas y sus familiares han influido en la opinión pública haciendo presente una dura realidad que sólo puede entenderse desde la empatía, el humanismo y la compasión.
Nuestros legisladores, siguiendo las indicaciones de las Naciones Unidas y la senda marcada por otros países europeos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, han tomado el testigo y en un ejercicio de responsabilidad política como representantes de la soberanía popular, han aprobado esta ley que, pendiente de ratificación en el Senado, será efectiva en el segundo trimestre del próximo año.
Los ciudadanos aragoneses contamos ya desde 2011 con la "Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y la muerte", comúnmente denominada Ley de Muerte Digna. En esta ley apoyada en bases normativas de ámbito nacional y otras de ámbito regional, se regula el derecho y garantía de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, respetando su autonomía y su voluntad de morir en condiciones dignas, regulando la expresión y Declaración de las Voluntades Anticipadas.
Felicitémonos pues de tener a nuestro alcance ambas normativas que reconocen un derecho de autonomía individual y que más allá de comprometer principios y valores como la dignidad humana o la libertad, afectan a derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la vida y la integridad física y moral, la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a la intimidad.
Velemos cada uno desde nuestras responsabilidades por solicitar y garantizar el desarrollo y el conocimiento de estas leyes que, lejos de ocultar a la muerte como una realidad inherente y universal a la condición humana, la ponen en primer plano garantizando que, "nuestro derecho a una vida digna, incluye también el final de la vida".
