Opinión

El juicio

Por
  • FRANCISCO MURO DE ISCAR
OPINIÓNACTUALIZADA 08/02/2021 A LAS 01:00
El juicio
El juicio

Este semana empieza el juicio que tratará de esclarecer si los 900.000 euros que costaron las obras de la sede del PP en la calle Génova, hechas entre 2005 y 2010, se pagaron con cargo a la Caja B que, supuestamente tenía el partido. A casi todo el mundo -salvo a quienes van a juzgar el caso- le importa poco el asunto de las obras porque de lo que se trata, políticamente hablando, es de saber si el PP tenía una caja B donde entraba dinero negro de empresarios a cambio de futuras obras; desde cuándo -algunos dicen que desde 1982-; si lo sabían sus presidentes -Aznar y Rajoy, sobre todo-; si hubo sobresueldos en negro para decenas de dirigentes populares -otro grave delito que tampoco se juzga ahora-; y si el PP es, por todo eso, un partido esencialmente corrupto. Aunque todos excluyen a Pablo Casado y a su equipo, este juicio también va a tener influencia en las elecciones catalanas y todos sus rivales -Vox para intentar el "sorpasso" y los demás para que nunca vuelva a ser opción de gobierno-, lo quieren aprovechar. Aunque muchos son los citados como testigos -testigos, no investigados, pero que pagarán la pena de desfile a la Audiencia Nacional-, el principal acusado es Luis Bárcenas que ha amenazado, una vez más, con desvelar la trama de esa Caja B. Bárcenas, extesorero del partido, es un delincuente condenado ya a 29 años y para el que se piden en esta causa otros cinco más y que aún tiene varios juicios más pendientes. Él fue el responsable de esa, supuesta, contabilidad B; la persona que, supuestamente, recibía los, supuestos, ingresos de empresarios a cambio de obras futuras; quien, supuestamente, llegó a amasar una fortuna de más de 40 millones de euros en Suiza; el que, desde hace seis o siete años, ha amenazado reiteradamente a Rajoy y a otros dirigentes del PP con "tirar de la manta y contarlo todo"; quien asegura haber pactado recientemente acuerdos con "dos miembros de la Junta Directiva del PP" que, por cierto, cuenta con más de 350 integrantes; quien asegura que, supuestamente, había pactado con el PP que su mujer no iría nunca a la cárcel a cambio de su, supuesto, silencio; que ha podido presentar sus pruebas durante todos estos años pero que todavía no lo ha hecho. Ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción cree sus últimas amenazas.

Bárcenas guardaría hoy un completo silencio si un día alguien no le hubiera cesado como tesorero del PP. En todo caso, si tiene datos y puede demostrarlo, ojalá tire de verdad de la manta y los jueces tengan argumentos para una sentencia justa y clara. Y que paguen todos los que tengan que pagar. Pero este juicio debería servir también para elevar un poco más el listón de las responsabilidades de todos los partidos políticos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no podrían hacerlo, aparte del PP, ni el PSOE -acuérdense de los ERE y de FILESA, entre otros-, ni Podemos y sus adláteres en Cataluña, Valencia o Andalucía -cada día un "descubrimiento" más-, ni los herederos de Convergencia -aquellos del 3 por ciento, la malversación y el intento del golpe de Estado-, ni tantos otros, entre los que deberíamos incluir a bastantes ayuntamientos y comunidades autónomas de todos los colores políticos. Este juicio debería ser el punto de partida para acabar con un sistema que ha permitido la corrupción de los partidos, la condonación, sin explicación, por parte de la Banca, de deudas millonarias y la falta de transparencia en el uso de las millonarias subvenciones que el Estado -es decir, dinero de los impuestos de los ciudadanos- pone en sus manos.

A los partidos, a todos sin excepción, hay que exigirles transparencia absoluta y un riguroso control interno en las donaciones de empresas y particulares, en el uso de los fondos públicos y en toda su gestión. Algo se mejoró legislativamente en los últimos años del PP, pero sigue siendo insuficiente. La actual configuración interna de estas organizaciones, gobernadas desde un poder casi absoluto y escasamente democráticas en casi todo, lo impide. Y como el control externo, incluido el del Tribunal de Cuentas, es insuficiente, es fácil saltarse a la torera lo que exige la ética y la ley. Algo que este juicio debería ayudar a cambiar.

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