Energías renovables sí, pero no así
Las sociedades de los países industrializados se han desarrollado a un ritmo exponencial, en gran parte gracias a la utilización de ingentes cantidades de energía acumulada en forma de combustibles fósiles. Su utilización y control han sido fuentes de muchos conflictos sociales y bélicos, además de provocar una profunda crisis climática, ambiental y energética. Por ello, es imprescindible una reducción drástica de su uso y sustituirlos por fuentes renovables.
La disminución de precios de las energías renovables, en especial la fotovoltaica en los últimos 10 años, ha supuesto una revolución en los mercados internacionales. Hoy en día resulta más barato generar electricidad a partir del sol que a partir de cualquier combustible fósil o del uranio, por lo que la tecnología fotovoltaica ha despegado en todo el mundo con la construcción de grandes parques solares. Pero en España, además, ha generado una nueva burbuja especulativa, evidente a la vista de los datos: en el último año, Red Eléctrica Española ha recibido solicitudes de acceso y conexión para más de 150.000 Megavatios (MW) fotovoltaicos nuevos.
Esto es absolutamente incongruente, dado que el sistema eléctrico está ya muy sobredimensionado, con 110.256 MW instalados, pese a que las puntas de demanda rondan los 40.000 MW. Es decir, la potencia instalada ya es de 2,8 veces la máxima demanda que se registra a lo largo del año.
Los 150.000 MW nuevos de fotovoltaica supondrían incrementar la potencia instalada hasta 6,5 veces más que las puntas de demanda, lo cual es totalmente absurdo e inviable para el país desde el punto de vista económico. Además, es más absurdo todavía si tenemos en cuenta que la energía fotovoltaica no puede cubrir, por problemas tecnológicos, más allá del 45-50 % de la potencia instalada. Lo que la situaría en un máximo de 50.000 MW, de los que habría que descontar los 8.870 MW ya instalados. Eso sí, cerrando todas las nucleares, térmicas de carbón, fuel/gas y ciclo combinado, lo cual estaría bien para luchar contra el cambio climático, pero que a corto plazo resultaría muy complejo.
El origen de la burbuja fotovoltaica reside en el modelo de concesiones aplicado en España, según el cual una empresa "promotora" solicita una concesión a la Comunidad Autónoma o al Gobierno, según la envergadura del parque, y negocia con los ayuntamientos o particulares ofreciéndoles unas primas para conseguir que firmen contratos de cesión de los terrenos. Esta empresa nunca realizará la inversión, pero ofrecerá la concesión a promotoras reales que tendrán que retribuir a la concesionaria por ser la poseedora de los derechos, lo que encarece la instalación por un intermediario que no aporta absolutamente nada.
Asociadas a la burbuja aparecen otras corruptelas, como seguros de caución falsos, denunciados en Aragón, destinados a pagar las penalizaciones por incumplimiento de las concesiones y hoy investigados por la Audiencia Nacional. O presentar los proyectos fraccionados, de manera que cada parte no supere los 50 MW, por empresas con denominación diferente pero detrás de las cuales se encuentra el mismo grupo empresarial, como ha pasado en Teruel, destinados a impedir la evaluación real de los impactos ambientales y facilitar la consecución de las concesiones.
Las instalaciones fotovoltaicas ocupan grandes espacios y lo más razonable es situarlas en suelo urbano o industrial, zonas afectadas por actividades mineras y extractivas, vertederos, grandes aparcamientos, o zonas muy degradadas y sin valores ambientales o turísticos relevantes. Sin embargo, en el Pirineo hay numerosas solicitudes de instalaciones, por ejemplo, en las solanas de Sabiñánigo y Jaca en zonas que tradicionalmente han vivido la agricultura, la ganadería y del turismo. Y quisiera recordar que el turismo, la principal fuente de ingresos actual, busca espacios naturales bien conservados, no enormes extensiones de paneles solares, que tienen un fuerte impacto visual en el paisaje.
El "argumento" de las promotoras, de cara a convencer a la población rural es que la fotovoltaica generará mucho empleo. Y es cierto, pero en los procesos de extracción de los materiales, diseño, fabricación e instalación, pero una vez realizada una instalación su funcionamiento es totalmente automático. El mantenimiento de los equipos lo hacen empresas especializadas, que cubren grandes territorios, dado que no resulta posible ni rentable hacerlo localmente. El empleo local se reduce a trabajos de limpieza de las placas y desbroces de los campos, es decir, prácticamente a nada, lo que incrementará el proceso que nos ha llevado a la España vaciada.
Ante esta situación es evidente que hace falta una planificación, regulación y control adecuados para evitar los movimientos especulativos y que obligue a dimensionar los proyectos fotovoltaicos proporcionalmente al consumo energético cercano, tendiendo hacia un autoconsumo en red, que generaría una gran cantidad de empleo local y que haría innecesario construir nuevas subestaciones ni tendidos eléctricos.
En definitiva, no habrá tantas instalaciones, ni tantos beneficios, ni tanto empleo como venden algunos especuladores y muchos macro proyectos se quedarán, afortunadamente, en humo. Para desarrollar ampliamente las energías renovables será necesario aplicar otros criterios más racionales tanto técnica como económicamente y más respetuosos con el medio ambiente.
