Apreciar la autoridad

TODOS LOS PAISES en los que impera el Estado de Derecho caminan con paso firme y permanente hacia los principios de autoridad, entendida como la legitimidad que emana del hecho de que los agentes que la ejercen en distintos ámbitos están amparados por las constituciones, por las leyes y por las libertades y obligaciones que son el soporte de la convivencia. Representan baluartes tan fuertes que conforman un sólido paquete de compromisos que reafirman nuestras convicciones y, precisamente por esta realidad, cuando alguien los vulnera se activan los mecanismos de la Justicia. El conocimiento de que el actual panorama pandémico está propiciando atentados contra quienes ocupan los cargos es tan inquietante como lo puedan ser los datos sanitarios. No en vano, atacar a la autoridad es violentar al país, a nuestros vecinos e incluso a nuestra propia esencia en la que nos sentimos arropados por las normas que nos hemos dado para la concordia.

Nada tienen que ver, por más que la excepcionalidad nos haga perder el sentido de la dimensión, los excesos que algunos profesionales puedan cometer no en su condición, sino en la humana posibilidad de dar la vuelta a nuestro ser ético para conducirnos con maldad, actos que bajo ningún concepto quedan sin responsabilidad.

Sin embargo, la falta del respeto a la autoridad, de extenderse, se convierte en una amenaza contra la democracia. De ahí el celo de las organizaciones en torno a la Guardia Civil o la Policía Nacional, a los maestros, a los sanitarios, para no dejar en el limbo de la impunidad determinadas agresiones que ponen en riesgo la integridad de los agentes y, de paso, devalúan la calidad de nuestro sistema de convivencia. Pocas bromas y mucha firmeza. La debilidad la carga el diablo.