5G, precaución y salud
La utilización de las bandas de frecuencia de 700 MHz y 800 MHz, por la tecnología 5G, no requiere de emplazamientos nuevos (estaciones base) pues su radiación se puede hacer desde los ya existentes para el 4G, manteniendo así la misma cobertura. Pero el desarrollo de la red 5G para las nuevas aplicaciones, en entornos de uso masivos y con reducidísima latencia, necesitará del uso de frecuencias milimétricas (banda en GHz); éstas ofrecen coberturas de calidad de poco alcance (decenas de metros) y se necesitará implantar numerosas estaciones base pequeñitas (small cells) en nuevos emplazamientos, en ámbito urbano (semáforos, postes, farolas, marquesinas, etc.).
Alguien planificará todo esto y pensará en protegernos, ¿no?. La Secretaria de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa diseñó una hoja de ruta para el despliegue de la red 5G, sin evaluar los posibles impactos ambientales y de salud pública. Desde el despliegue hasta los parámetros técnicos de concesión, los datos técnicos de los dispositivos instalados, que son responsabilidad del estado, quedan en manos de la denominada declaración responsable y, por tanto, en manos de las operadoras.
A finales de 2017, el Plan Nacional 5G fue sometido a consulta pública. Se presentaron 51 aportaciones de empresas, asociaciones, organizaciones y particulares, entre ellas, Ecologistas en Acción, Asociación APQUIRA, EQSDS, Asociación Geográfica Ambiental, APDR, AVAATE, Plataforma Stop Comptadors y Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. En estas alegaciones se reclamaba que el Plan fuese objeto de evaluación ambiental y sanitaria, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. El Ministerio no tuvo en cuenta ninguna de 6 estas alegaciones y ha dado carta blanca a los plazos y al programa de despliegue del 5G.
Este hecho determinó la interposición de una queja al Defensor de Pueblo de varias de las organizaciones mencionadas. En su respuesta, esta institución señalaba que la ausencia de información sobre los lugares de despliegue de nuevas infraestructuras, sobre posibles afecciones a espacios protegidos, o al paisaje, o al uso del suelo, pone en evidencia que la variable ambiental no se ha tomado en consideración. Proponía dos sugerencias: regular la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y someter a consulta de la Comisión la forma de proceder respecto a la aplicación del principio de precaución en el desarrollo de proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 GHz, en tanto no se determinen los límites seguros de exposición a emisiones radioeléctricas exigibles para dicha frecuencia. La tecnología 5G pura, ocupará tres bandas de frecuencias: 700 MHz, 26 GHz y 3,6 GHz.
La capacidad de los municipios frente a esta vorágine de despliegue está prácticamente anulada. En el estado español, solamente se exige la presentación de una declaración responsable por parte de las instaladoras ante el ayuntamiento. Las comunidades locales están maniatadas en su derecho a tomar decisiones sobre esta nueva implantación del 5G. La propia administración local terminará saturada, aumentando la demanda, para la instalación en lugares públicos de estos dispositivos, de una manera significativa.
El funcionamiento del 5G dará lugar a una fuerte e inédita exposición de campo electromagnético para todo objeto u organismo vivo que permanezca o se mueva en un entorno urbano. Esto dará lugar a niveles de radiación totales del orden de 100 veces lo que había en las ciudades con el sistema 2G.
Esta forma de actuar alimenta un despotismo tecnológico que nos disfrazan de revolución tecnológica inevitable que acompaña a una forma de entender el progreso de las personas pero sin las personas, sin debate social, sin tiempo para analizar las consecuencias ambientales y para la salud. Sin tener en cuenta un elemental Principio de Precaución.
