Infracciones y prohibiciones

UN ESTADO ha de entender como una excepcionalidad la sistematización de las prohibiciones. Los derechos han de ejercerse con justicia y con justeza, con la magnanimidad de la democracia, con la capacidad social de entender los límites de la convivencia. En circunstancias anómalas, como las actuales de la pandemia, es donde las libertades quedan constreñidas. La semana que viene se cumplirán ya catorce meses desde que se originó la situación legal de alarma, un periodo que, lejos de acercarnos a las declaraciones voluntaristas de las administraciones, nos ha mejorado en algunos aspectos pero ha atirantado la cuerda extraordinariamente hasta el punto de que cualquier apertura ha inducido a un agravamiento de las condiciones de la salud pública. Y, de paso, nos hemos convertido en individuos menos tolerantes, menos reflexivos y más viscerales.

Es el caso de los balances de las infracciones por el incumplimiento de las normas sanitarias, tanto en lo que afecta al uso de mascarillas como al consumo de tabaco o los horarios de cierre de los establecimientos. Se acerca el 9 de mayo, fin del estado de alarma, y sólo quedan dos opciones: prorrogarlo (es sospechosa la insistencia de algunas comunidades autónomas) o, tal y como anunció el presidente Sánchez, dado por finiquitado con lo que supone tras 14 meses en los que no se han dispuesto los mecanismos legislativos para que las comunidades autónomas puedan aplicar determinadas restricciones. Y, probablemente, en lugar de estigmatizar a la juventud o a determinados colectivos, tendríamos que plantearnos que la flexibilidad puede convertirse al fin en la virtud que siempre debió ser, y que es la conciencia y la consciencia la que ha de conducirnos indefectiblemente hacia la verdadera normalidad, que no es nueva sino delicada.