Opinión

Tribuna Altoaragonesa

Libertad de enseñanza

Por
  • Jesús Guerrero
OPINIÓNACTUALIZADA 26/05/2021 A LAS 00:05
Inicio del curso en Huesca
Inicio del curso en el colegio El Parque de Huesca
D.A.

La convivencia entre la escuela pública y la concertada debería ser la manera más común de entender el derecho de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Es el modelo educativo que ha estado siempre y está en el ideario de mi Partido, también la enseñanza privada y la educación especial.

Recientemente las Cortes de Aragón aprobaron una propuesta que salió adelante gracias a una enmienda “in voce” del Partido Aragonés. Podemos y CHA se abstuvieron e IU votó en contra. Fue la portavoz del PAR en la Comisión de Educación del Parlamento aragonés, Esther Peirat, quien enmendó y abogó por mantener, salvaguardar y conservar la estabilidad de nuestros conciertos.

Según datos del año 2019, el 25,9 % del alumnado total no universitario pertenece a la concertada. Un porcentaje suficientemente alto como para que la convivencia entre las dos redes sea lo natural y no se entorpezca. Los conciertos suponen alrededor del 18% del gasto público atendiendo a datos de la misma fecha. Además, la libertad de enseñanza viene recogida en el punto 46 del acuerdo de investidura y gobernabilidad, siempre en el marco de las bases para un pacto por la educación en Aragón aprobado por unanimidad las Cortes, y los colegios de educación concertada existen en España desde la década de los 80. Hay que decir que la educación fue uno de los asuntos que contó con mayor debate y desacuerdo a la hora de elaborar el texto de la Constitución del año 1978. Tanto es así, que el artículo 27 de la Carta Magna fue el que mayor número de enmiendas y propuestas encontró. Han pasado más de 50 años desde que la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación estableció la gratuidad y generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB (Educación General Básica). Y vamos ya por la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (diciembre de 2020), que nació sin el consenso absolutamente esencial en un asunto de alto calado como es la educación. Esto no es un logro sino un fracaso. Así lo ponen de manifiesto los datos sobre el Informe de la OCDE recogidos recientemente en la prensa, “España encabeza la lista de países europeos con más jóvenes infracualificados”. El 30% de entre 25 y 34 años “no tiene el Bachillerato ni estudios de Formación Profesional equivalentes”. Algo pasa. No fracasan ellos, fracasamos todos.

Los datos revelan que algo se está haciendo mal. No es de recibo que con cada Gobierno de España llegue una ley nueva. Cada reforma pretende imponer el modelo político de turno y eso no tiene sentido, delata la primacía de las intenciones partidistas por encima de las sociales. Deberíamos fijarnos más en los frutos educativos de Finlandia, por ejemplo, un país que ha estado entre los primeros en el ranking de PISA desde la primera evaluación en 2000 y el único en el que las niñas tienen mayores posibilidades de rendir más en ciencias que los niños. Mientras en España tenemos una asignatura pendiente, allí cambiar de gobierno no significa cambiar de modelo educativo como aquí.

Concibo la educación como un eje transversal de futuro para un país, que debería estar por encima de ideologías políticas y ser concebida como un contenido sobre el que no cabe otra cosa que no sea el debate y entendimiento por el bien general y el avance y futuro de los territorios. Ese sería un síntoma inequívoco de madurez democrática. La tendencia endémica con resultados mediocres no es buena. Los debates estériles tampoco.

Hay que avanzar hacia un modelo de éxito con armonía entre redes, políticas educativas efectivas y que perdure en el tiempo. Esa es la fórmula.

Portavoz del PAR en las Cortes de Aragón

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