El gobierno, la ley y las libertades
El sistema judicial es el instrumento de las sociedades civilizadas para solucionar disputas que de otro modo no se resolverían o lo harían por el único camino alternativo, que es la violencia. Donde no hay leyes y tribunales siempre gana el más fuerte. Precisamente por eso es tan importante que el Gobierno, que ejerce el monopolio legal de la fuerza, esté sometido antes que nadie a la soberanía de la justicia, porque de otro modo se convertiría automáticamente en tiranía. Esto que parece muy simple está siendo ignorado por los que justifican la desafortunada reacción del Gobierno al atacar no solamente la sentencia del Constitucional sino a la institución, al propio Tribunal, con la teoría de que los jueces no han estado a la altura que la situación requería.
Tengo mis dudas sobre lo que significa que un cargo institucional que ha jurado (o prometido según esos extraños escrúpulos mentales) ante el Rey “cumplir y hacer cumplir la constitución” tome una decisión que ha resultado ser inconstitucional, que insista en que son los jueces quienes se equivocan y que diga que ante las mismas circunstancias volvería a tomar la misma decisión, como el “ho tornarem a fer” de los independentistas. En mi caso, dudo entre pensar si se trata de un hecho grave o gravísimo.
Para explicarlo en los términos más sintéticos que se me ocurren: el Gobierno tomó una decisión muy delicada como fue decretar el estado de alarma para luchar mejor contra la pandemia. Podía haber optado por otro camino, pero eligió uno que ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no era correcto. Los jueces se lo han pensado mucho y han entendido que debían pronunciarse no solo sobre este caso concreto si no que han querido preservar con toda claridad el criterio de que una disposición gubernamental que afecta a los derechos fundamentales solo pueda tomarse con un máximo de garantías, en vez de favorecer ahora el confort del presidente del Gobierno con una sentencia acomodaticia. Es verdad que ha sido por una exigua mayoría, pero eso forma parte de las reglas del juego y no desvirtúa en absoluto el resultado.
Tal como yo me alegro de la decisión del Constitucional, el presidente del Gobierno la ha recibido como una patada en la boca del estómago. Tenía la opción de haber encajado el golpe con deportividad, puesto que de todos modos una vez que el estado de alarma ha caducado, no tiene consecuencias reales. Habría podido responder con una vaga promesa de que tomará las medidas necesarias para la próxima vez, pero lo ha hecho con un virulento ataque al Tribunal que es un camino que conduce a debilitar a la justicia y nos acerca a una sociedad sin derecho en la que el Gobierno (que, insisto, ejerce el monopolio de la fuerza) pone en duda la soberanía de la Ley y la Constitución sobre su propia autoridad. Todo esto es inaudito para mí y no se me ocurre que pudiera darse en ningún otro país importante, salvo tal vez en la época de Donald Trump, conocido por ser también poco amigo del derecho.
Como no es la primera vez que Pedro Sánchez se comporta de esta manera en su empeño por retirar todas las “piedras” que se encuentra en el camino y ha pasado como un elefante sobre la reputación del CGPJ, el Supremo, el Tribunal de Cuentas y ahora el Constitucional, creo que esto no es un simple tropiezo inocente sino que se trata de otra de estas señales alarmantes que deberíamos tener en cuenta como sociedad. Todo gobierno, cualquier gobierno democrático quiero decir, ha de ser especialmente cuidadoso con la ley porque de ello dependen inevitablemente los derechos y libertades de los ciudadanos. No hace falta que diga que este barullo del Constitucional y el estado de Alarma se debe a que Sánchez ha demostrado ser alérgico a someterse al control del Parlamento porque no siempre tiene una mayoría, lo cual es otro síntoma de escasísimo fervor por los contrapesos constitucionales, y que, además, es evidente que todo se resolvería fácilmente pactando con el Partido Popular una ley de pandemias como se le ha ofrecido, pero es aún más alérgico a cualquier trato con la oposición, otra señal que no dice nada bueno de su talante democrático. Y por si esto fuera poco, Sánchez se está enmarañando en la redacción de una nueva ley de seguridad nacional que por lo que he leído incluye no pocos conceptos arbitrarios e inquietantes y que no presagian nada bueno. Me gustaría equivocarme, pero me temo que tengo razón y que esto no acabará bien.
