El impuesto de la plusvalía
EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó ayer la reforma de la plusvalía municipal con un decreto-ley, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el cálculo del impuesto existente hace apenas 10 días. Según esta norma, el contribuyente podrá elegir entre dos opciones para tributar, la que le sea más favorable y le resulte menos gravosa. Sin embargo, los municipios todavía no tienen claro cómo les va a afectar a las arcas este nuevo impuesto -hoy previsiblemente se publicará el texto en el BOE-, aunque en principio podrían dejar de percibir ingresos. Ese es el miedo.
La idea del Gobierno central es que los propietarios que no ganen dinero por la venta de su casa, queden exentos, y así tendrán que demostrarlo. Sin embargo, saldrán perjudicados los que compran y vendan en menos de un año, al considerar que pueden tener un carácter más especulativo.
La capital oscense es uno de los municipios que cobra este impuesto, por el que recauda 1,5 millones de euros al año, según el alcalde, Luis Felipe. Ayer, antes de la decisión del Consejo de Ministros, pidió “celeridad”, pero sobre todo, también exigió, como la FEMP, “garantía jurídica” tanto para las entidades locales que tienen que cobrar como para los propietarios.
El decreto-ley se ha aprobado con la celeridad que poco antes había pedido el alcalde oscense, para evitar “distorsiones” del mercado inmobiliario, argumentó el Gobierno. Pero también existen dudas de que sea esta la fórmula legal adecuada y de que no se pueda tumbar de nuevo. Mientras tanto, ayuntamientos como el de Huesca necesitan respuestas para saber cómo se aplica y, sobre todo, para conocer con qué ingresos podrán contar en un momento en el que están en juego los presupuestos de 2022.
