Financiación autonómica y local

Los presidentes de las ocho autonomías españolas con mayores problemas de despoblación han firmado una declaración para reclamar una justa financiación, que tenga en cuenta no solo el número de habitantes sino la dispersión geográfica y el envejecimiento, circunstancias que aumentan el coste de prestar los servicios básicos. No es la primera declaración en este sentido, pero sí que ha sido la de Santiago de Compostela, la que ha reunido a más presidentes, y de distinto signo político: Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Aragón.

En el documento, apuntan que las ocho comunidades, que suponen un 61,97 % de España, aunque solo un 24,13 % de su población. Además, muestran su adhesión a la unidad de la Nación Española y exigen un modelo que respete la igualdad. Esta palabra es la clave en el reto demográfico: conseguir la igualdad entre las zonas urbanas y las rurales; y esto se consigue con una financiación que se ajuste a esas diferencias para reducir esa brecha existente hoy.

De nuevo, la reclamación de una financiación autonómica justa lleva también a pensar en la local. Recientemente, los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca han realizado un informe sobre ésta que arroja datos muy clarificadores: Zaragoza cobra más del doble por habitante que la media de un municipio pequeño de Huesca. Es, por lo tanto, la pescadilla que se muerde la cola, porque cuantos menos habitantes tiene una localidad, menos cantidad le corresponde y, además, menos por habitante. Ahora, es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo, no solo en las autonomías, sino en el Gobierno central -que al final los más representativos son los mismos- para llevar a cabo la reforma.