Opinión

TRIBUNA ALTOARAGONESA

3.702

Por
  • Joaquín Palacín
OPINIÓNACTUALIZADA 28/12/2021 A LAS 00:05
Pleno del Congreso de los Diputados
Pleno del Congreso de los Diputados
EP

Es el número de la única enmienda aprobada del total de las 3.952 presentadas, entre todos los grupos parlamentarios del Senado, con motivo de la tramitación de la ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Una propuesta registrada por Carles Mulet, senador de Compromís, a instancias de Chunta Aragonesista, fruto de los acuerdos políticos entre ambas formaciones.

Enmienda que formaba parte del centenar debatidas y votadas en ambas cámaras con el objetivo de aumentar las inversiones destinadas a Aragón, para el próximo año, por parte del Gobierno de España. Los Presupuestos resultaban, una vez más, insuficientes para nuestras demandas. Se retrasaban compromisos adquiridos en infraestructuras vitales y no se incluían nuevos proyectos. De este modo, CHA proponía con estas iniciativas parlamentarias añadir nuevas inversiones por valor de más de 350 millones de euros para Aragón.

Sin resultados positivos en el Congreso, en la Cámara Alta solamente una ha logrado ser aprobada, pero tendrá que ser ratificada hoy. No es una novedad política el retorno de esta norma y de otras leyes a la Cámara Baja, así está contemplado en los reglamentos de ambas instituciones.

La enmienda en cuestión considera necesario que el Gobierno de España cumpla con los compromisos adquiridos en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que forma parte normas estatales. Concretamente se reclama realizar una transferencia de 1.600.000 euros a las CC.AA. que cuenten con una Dirección General de Política Lingüística en su organigrama de Gobierno. De este modo, se beneficia al aragonés, al catalán de Aragón y también a todas las demás lenguas del Estado. Una iniciativa basada en los valores de respeto y dignificación de nuestro patrimonio lingüístico y en favor de la pluralidad cultural.

La citada Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias es un tratado internacional, ratificado por el Reino de España en 2001, aprobado sin ningún voto en contra en las Cortes Generales. Este tratado forma parte del derecho interno español, pues así lo establece la Constitución, y su cumplimiento concierne a todas las autoridades públicas, especialmente a la Administración General del Estado que es la que rinde cuentas, cada tres años, ante el Consejo de Europa del cumplimiento de las disposiciones de la Carta.

En las sucesivas monitorizaciones del cumplimiento de la misma (la última en 2019 ha sido la quinta), el Consejo de Ministros del Consejo de Europa emite una serie de Recomendaciones al Estado español para la protección y difusión de las lenguas regionales o minoritarias, que deben ser cumplidas por todas las autoridades, especialmente por el Gobierno. Las lenguas que protege la Carta, para las que se interpuso la enmienda, son las que se hablan en Galicia, Euskadi, Cataluña, Valencia, Illes Balears, Castilla-León, Asturias y Aragón. Se trata de lenguas cooficiales y también de lenguas no oficiales, pero reconocidas oficialmente, como el aragonés, el catalán de Aragón, el gallego-asturiano y el asturiano.

Con la enmienda se trata de involucrar al Estado en la promoción y difusión de estas lenguas, ya que así está obligado a través de la Carta y de favorecer la presencia de las lenguas minoritarias, especialmente las que todavía no son oficiales, en la sociedad. Esa es la razón por la que la enmienda que presentó Compromís se había propuesto desde Aragón, donde coexisten dos minorías lingüísticas que hablan aragonés y catalán de Aragón, que en su conjunto suponen unas 145.000 personas, más de un 10% de la población aragonesa (según datos del INE en 2011).

La aprobación de esta enmienda tiene un valor simbólico importante, pues sería la primera vez que el Estado español dedicaría esfuerzo económico en la promoción y difusión de las lenguas propias de las comunidades autónomas y muy especialmente de las lenguas que todavía no han alcanzado el estatus de la oficialidad. Esperamos que el Congreso ratifique su aprobación definitiva y abra un camino para que el Gobierno de España reconozca, ahora con hechos concretos, la diversidad lingüística del Estado. l

Joaquín Palacín es Presidente de Chunta Aragonesista (CHA)

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