Opinión
Por
  • Carlos Serrano (Diputado provincial del PP)

La sanidad rural en la UCI de la DGA

Centro PAC de Canfranc.
Centro PAC de Canfranc.
R. G.

Una de las mayores paradojas del gobierno de Lambán y sus socios, y también una de las más vergonzantes, se da en su supuesta defensa del mundo rural. La despoblación se ha convertido en una de las coletillas más socorridas cuando se pretende fingir una especial sensibilidad en la defensa de nuestro territorio. Y esa paradoja, denunciada una y otra vez por el Partido Popular altoaragonés y los ciudadanos, consiste en hacer grandes pronunciamientos sobre la pérdida de habitantes al tiempo que el fenómeno es provocado por el propio gobierno de Aragón. El PSOE y sus aliados están privando a los municipios de la provincia de servicios elementales que, precisamente, son el mejor instrumento para asentar y mantener la población. Como es evidente, se trata de un agravio sin paliativos.

La sanidad en el mundo rural es uno de los sectores más castigados. No es necesario explicar la trascendencia de ese problema en una provincia donde coinciden una difícil geografía y una considerable dispersión de los municipios. Esa pasividad institucional, sumada a otras políticas erróneas, explica una crisis denunciada incluso por el profesional sanitario. La base de la cuestión es la pérdida de un derecho universal, el de la atención sanitaria, que la Constitución recoge en su artículo 43. No es algo interpretable: viva donde viva, un ciudadano español tiene derecho a la protección de su salud. El mismo artículo añade que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar las medidas necesarias. No es preciso buscar más ni decirlo más claro. No es que el Gobierno de Aragón tenga la potestad de hacerlo, sino que es su obligación

Como diputado provincial por el partido judicial de Jaca puedo dar fe de que la negligencia está llegando a extremos alarmantes. En la zona pirenaica, los Puntos de Atención Continuada han perdido, precisamente, su naturaleza de prestación de servicios sanitarios continuos durante veinticuatro horas al día y siete días a la semana. Este verano, el gobierno de Lambán cerró los PAC de Escarrilla y Canfranc. Ante la respuesta social generada por una decisión tan lamentable, la consejería de Salud procedió a su reapertura con un matiz: solo permanecen operativos los fines de semana. Por otra parte, hay que recordar los problemas del transporte sanitario urgente en nuestra comunidad, sometido a un ninguneo que se refleja en el nuevo pliego del servicio de ambulancias, que prescinde de UVI móviles y recorta su horario y atención. Buen ejemplo de esa desatención generalizada es el caso de Jaca, cuyo hospital no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos. En todo el ámbito sanitario, no se están implantando medidas correctoras. Las jubilaciones que no se cubren, lo que sobrecarga a los sanitarios en activo con horas extras y guardias de más.

La suma de agravios, como he dicho, afecta a un derecho constitucional, pero tiene además graves consecuencias para el sector turístico, imprescindible para la economía y el desarrollo de la provincia. ¿Apostaría una familia por un destino donde ni siquiera se garantizan los servicios sanitarios? ¿Se mantendrá en nuestras comarcas una familia sometida al mismo problema, a la desatención del mundo agroganadero y la falta de apoyos suficiente al pequeño y mediano comercio? En el caso que nos ocupa, tanto la consejera Repollés como el propio Lambán tienen que dar pasos con determinación. El primero es garantizar que el presupuesto de la Comunidad Autónoma del 2023, se contemplen las cantidades necesarias en el departamento de Sanidad para ofrecer garantías a la atención sanitaria. El gobierno de Aragón tiene que entender de una vez por todas que la retórica nunca ha sido suficiente y que su actitud no solo no contribuye a la lucha contra la despoblación, sino que la fomenta. Ante estas evidencias, los cada día más ciudadanos miran al PP para solventar los problemas generados por una mala gestión.