La gestión agrícola y forestal
LA ORDEN del Gobierno de Aragón sobre las quemas agrícolas publicada el pasado viernes impide realizar esta práctica para eliminar los residuos orgánicos de campos y huertos entre octubre y marzo (y hasta mayo en algunos casos) como siempre se ha hecho. Dos razones fundamentales y nada desdeñables se encuentran tras esta decisión: el riesgo de incendios y el compostaje. Son las motivaciones que se recogen en la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha provocado malestar en el sector.
Teniendo en cuenta este texto legal y acogiéndose a la excepción, el Gobierno de Aragón ha publicado una orden para que se puedan realizar quemas amparadas en medidas fitosanitarias, para lo que será necesario contar con un informe técnico. De este modo, tanto el agricultor profesional, que puede contar con más medios, como el jubilado que trabaja su huerto, tendrán que picar los residuos, triturarlos o llevarlos a zonas habilitadas para su destrucción.
El objetivo es evitar el riesgo de incendios, que está muy bien tras unos meses de sequía, así como contribuir a la economía circular para que estos residuos se puedan convertir en compost.
Así, en teoría, parece absolutamente necesario pero, como todas las normativas, la clave es saber adaptarlas al territorio.
Uno de los problemas de los incendios es, precisamente, que haya demasiada vegetación, así que por evitar que un fuego se desmadre se puede alimentar otro. Además, antes de impedir la quema, habría que establecer fórmulas para que el agricultor pueda deshacerse de los residuos. Es necesaria una política de gestión agrícola y forestal acorde a la realidad del medio rural.
