Patrimonio común
En ocasiones, a los ojos de los ciudadanos que no entendemos nada de leyes y queremos tener los mínimos o ningún roce con ella, la justicia, que siempre tiene la obligación de ser ciega, parece más bien un poco lerda.
Haría falta llenar más de un periódico para llegar a todas las ocasiones en las que es evidente que ha dejado de ser ciega y mira con escaso disimulo hacia alguna parte a la hora de decidir lo que determina como justo. Paradigmático es el caso de los conflictos en los que se meten los políticos. Porque por lo general se meten ellos solitos y entre ellos, manejando eso sí el dinero que algunos de ellos piensan que es suyo, pero que en realidad es patrimonio común de todos los ciudadanos con independencia de la papeleta que introduzcan en la urna cada cuatro años; incluso de los que hastiados del sistema no introducen ninguna pero siguen pagando impuestos directos e indirectos como el que no quiere la cosa. La diversidad de sentencias sobre los mismos asuntos, dependiendo solo de la latitud en la que se sitúa el juzgado, queda patente con demasiada frecuencia hasta para los iletrados en esa parcela de la vida para la que, al parecer, hay que devanarse los sesos en oposiciones draconianas y eternas.
Hay algunos momentos en los que incluso sin querer y sin entender nada de nada de leyes le entran a uno ganas de lanzar algún que otro juramento (interno, eso sí, que una de las cosas que nos inculcaron de niños fue no jurar en vano ni blasfemar…) Cuando, por ejemplo, ves que arrasar una cueva de incalculable valor arqueológico acaba siendo legal, dado que no provoca ninguna condena y si la provoca acaba no teniendo que cumplirse porque, al parecer, se trata de un buen ciudadano que hasta puede sea de misa dominical. Que tenga cuestiones pendientes con hacienda (me va a permitir el lector, si lo tengo, que lo ponga con minúscula) aparezca en listas de poseedores de cuentas en paraísos fiscales y otras menudencias, no ha impedido que la justicia haya decidido que no pase por la trena y que ni siquiera tenga que recurrir a los dineros que ha escondido para pagar una multa que en un primer paso se redujo a la mitad y al parecer en un segundo a cero. Tener buenos abogados es lo que tiene, aunque es de suponer que dado el estado de miseria en que se encuentra el ciudadano arrasador de vestigios prehistóricos altoaragoneses según la ciega justicia, igual no cobran ni un duro… ¡ja!.
Pero no creo que sea demasiado presentable desde ningún punto de vista que quien ha realizado tamaño disparate contra el Patrimonio pueda acabar yéndose de rositas. ¿Ciega? Algo más, algo más… Como proverviaba Publio Siro, esclavo liberado nativo de Siria como su apellido indica, “iudex damnatur ubi innocens absolvitur” que viene a significar que la absolución del culpable es la condena del juez. Y no creo que desmerezca un ápice la más famosa de sus Sentencias el hecho de que fuera bastante payaso de oficio ganándose en más de una ocasión por ese motivo algún premio del propio César. Las opiniones de los aparentemente necios pueden resultar en ocasiones más sabias que las de los más sesudos pensadores.
Volvamos al Patrimonio común que pertenece, como los presupuestos, a la totalidad de los ciudadanos no a los que gobiernan en uno u otro momento. Los yacimientos antiguos o modernos, los edificios del siglo que sea con los variados objetos que contienen, los Museos y los centros de interpretación crecientes como las setas, los espacios naturales y todo lo que alberga el Patrimonio Nacional, no pertenece a los estudiosos de sesudos departamentos universitarios, ni a los representantes de cualquiera de las religiones con las que nos entretienen; ni a los gobiernos variopintos y trastajados (como dicen en el Sobrepuerto) con los que nos hemos ido dotando gracias a la democracia; ni a los partidos políticos mientras gobiernan; ni a los bancos, ni a las cada día más abundantes cofradías, hermandades, congregaciones y gremios de amigos de una de las infinitas piezas muebles o inmuebles que lo componen; ni a los sufridos guías y conservadores que los detallan con diversa fortuna a los turistas durante las visitas guiadas.
El Patrimonio es de la totalidad de los ciudadanos que deberíamos estar más preocupados por disfrutarlo y aprender con él que por saber quién decide el notario que es su legítimo propietario o quiénes se atribuyen directamente la propiedad por su condición de denostados trabajadores preocupados por una parte del mismo. Con el patrimonio común pasa como con las obras de arte: si no hay espectador, no existe la obra de arte. Si no hay disfrutador no existe el patrimonio, por más que sea valorado, justipreciado, catalogado, puesto en valor y llevado a los mundos virtuales que reciben cada día más millones de visitas de un segundo. Solo es útil cuando lo disfruta, sin prisas pero con pausa, cualquier ciudadano incluidos los jueces, claro.
Fernando Alvira es vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de san Luis
