Opinión
Por
  • Rafael Torres

Feijóo, el insumiso

Núñez Feijóo durante su intervención.
Núñez Feijóo durante una intervención en el Senado.
E. PRESS

Una Constitución, cualquier Constitución democrática, describe el equilibrio necesario entre derechos y deberes, así de las instituciones y de los particulares como en la relación entre ambos, a fin de asegurar en lo posible una razonable convivencia entre las personas y sus diferentes, y a menudo opuestos, intereses. 

Pues bien; parece que el líder del principal partido de la oposición, supuestamente llamado por los dioses de los sondeos a suceder en el cargo al actual presidente del Gobierno, no se ha leído la Constitución de su país, o, si se la ha leído, ha sido por encima, deprisa y corriendo, y sólo aquellos capítulos que le han podido sonar favorables a sus intereses partidarios. 

Con tanto lío y tan obscena dilación en el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial a que la Constitución obliga, es comprensible que el común de la ciudadanía no se aclare mucho sobre el particular ni alcance a entender, en consecuencia, la crucial importancia que tiene, pero la tiene absolutamente, pues sin esa renovación a la que el Partido Popular se resiste con tanta obstinación como mendacidad, la soberanía del pueblo, la piedra angular de la democracia, no es que quede en entredicho, sino que queda en papel mojado. Pues todo poder emana del pueblo, cual parece lo lógico y natural en un país democrático, la Constitución prescribe que los órganos y las instituciones a través de los que esa soberanía se expresa se adecuen, a cada tanto, a las variaciones políticas de dicha expresión. 

O lo que es lo mismo: si la sociedad se expresa en las urnas mayoritariamente en sentido progresista, los poderes públicos, el Judicial también, deben ahormarse, dentro de su independencia funcional, a ello, del mismo modo que si la expresión electoral es conservadora, más bazas tienen los representantes de esa opción para que prevalezca su juego en los órganos de gobierno mediante, en éste caso como en el anterior, la negociación y el acuerdo, pues las instituciones deben servir a todos sin excepción. 

Pero a Alberto Núñez Feijóo, no sé si demasiado rehén del sector más ultra de su partido, de los intereses que el PP defiende, de su propio sectarismo o de todo ello junto, le viene muy bien conservar el gobierno de la Justicia de los tiempos de Rajoy, de suerte que ha decidido definitivamente que la obligación de ajustarlo a los tiempos presentes, a la mayoría parlamentaria actual, no va con él. Lamentablemente, lo que sí va con el resto de los españoles, la punición que merece no respetar la ley, tampoco le afecta, ni le roza siquiera. Así las cosas, los dioses de los sondeos, si pensaran, se lo tendrían que pensar.