Política agraria

GUERRA Y SEQUÍA son dos de esas circunstancias que peor suenan y juntas generan ya una incertidumbre y desazón difícil de mitigar. No hay una receta para que llueva más allá de las tradicionales rogativas, que funcionan más con fe que con ciencia, ni desde luego para parar el conflicto de Ucrania mientras Putin se mantenga en sus posiciones, pero sí que hay fórmulas políticas capaces de paliar las consecuencias del contexto.

Los precios se han disparado, de forma que los costes de la producción se han multiplicado y la falta de agua condiciona la planificación de la rotación de los cultivos, de las explotaciones y del mercado, según explicaron ayer desde la organización Asaja en su habitual balance anual. Por ello, ante esta situación, los gobiernos tienen que actuar para mejorar lo que sí está en su mano para ayudar a un sector que es clave en la sostenibilidad y el asentamiento de población de esta provincia. El sector primario es uno de los que mantiene no solo la vida en los pueblos sino también el paisaje que tanto turismo atrae en esta provincia.

En esta situación, la Política Agraria Común (PAC) tampoco favorece la continuidad de las explotaciones, especialmente de las familiares, que son gran parte de las que existen en Aragón y que está abocando a la desaparición de la ganadería extensiva. Por otro lado, los costes de producción también están afectando mucho a las de intensivo. No hay subsector (porcino, vacuno de carne o de leche, ovino...) que no se haya visto afectado por más de una circunstancia o por todas. Por ello, la Administración tiene que buscar medidas correctoras para asegurar los alimentos y el mantenimiento del sector primario.