Recuperar el rumbo democrático
Vivimos en España unos tiempos agitados y peligrosos en la política. Nunca en los años de nuestra democracia, amparada por la ejemplar Constitución de 1978, habían confluido resoluciones políticas tan sospechosas de minar el Estado de Derecho, merced a algunas decisiones tomadas desde el propio Gobierno, cuya comprensión se antoja extremadamente difícil de asimilar. Nos aplasta un clima político de crispación y agresividad, en el que se han perdido las formas, la tolerancia y la educación, adentrándonos en una espiral de tensión inusitada e inquietante. En medio de esta atmósfera enrarecida y alarmante, cabe preguntarse, con cierta intranquilidad, si nuestra democracia mantiene esa solvencia y firmeza de la que hemos presumido.
Desde esta tribuna, lo que me pide el pensamiento, a día de hoy, es abrir una rendija de luz para efectuar una reflexión profunda, tal como exige el momento y sus circunstancias, y tratar de proceder a un debate razonable, sensato y ecuánime, en defensa de un Estado de Derecho, que debe estar a salvo de maniobras interesadas que lo perviertan.
Urge, por tanto, recuperar entre todos ese espíritu de concordia, tolerancia y respeto que propició el establecimiento de la democracia y de las libertades en España, mediante una transición modélica que fue un ejemplo admirado en todo el mundo político.
La democracia, se dice y con razón, es el sistema político menos malo de los existentes, porque las otras opciones son espantosas, pero adolece, por su propia naturaleza democrática y de respeto a los ciudadanos, de esa fuerza ilegal y bruta que acompaña siempre a las dictaduras, para imponer sus controles y acabar con las libertades. De ahí que la mayoría de los teóricos del Estado de Derecho coincidan en la necesidad de mantener constantemente vivos y vigorosos los principios democráticos que la sustentan. Igual que el valor se supone a los soldados, se entiende que quienes democráticamente se aúpan en valedores del sistema defenderán su estabilidad desde sus puestos de privilegio y mando. Pero no siempre es así. También hay ventajistas, con ropaje democrático, que aprovechándose de la bondad del sistema tratan de encontrar fisuras para debilitarla. Ya está comprobado que una democracia puede ser desgastada e incluso finiquitada desde dentro.
En el libro ‘Cómo mueren las democracias’, de los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos de la Universidad de Harvard, se explican muy bien estos perversos procesos. Aunque la vida ciudadana en general parezca que transcurre con normalidad y que la gente es ajena a lo que se está urdiendo, ello no significa en absoluto que la democracia esté a salvo. Mientras que antes -sostienen los autores- las democracias caían por golpes violentos, hoy en día las democracias mueren por las manos de líderes electos que hacen uso del poder para subvertir los mecanismos democráticos, a través de los cuales fueron elegidos.
“La democracia -escriben- ya no termina con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales como son el sistema jurídico o la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales (…) Muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia son ‘legales’ en el sentido que las aprueban bien la asamblea legislativa o bien los tribunales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para mejorar la democracia (…) Quienes denuncian los abusos del Gobierno pueden ser descalificados como exagerados o alarmistas”.
A la vista de la dirección tomada por el Gobierno con una manera de hacer política que para muchos resulta incomprensible, conviene preguntarnos hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de esta deriva, que ha sumido a España en una zozobra muy preocupante. Estamos ahora mismo ante unos hechos puntuales que afectan al núcleo duro de la democracia. Por un lado, unas reformas del Código Penal sorprendentes, interesadas y en beneficio de personas concretas de delitos tan graves como la sedición y la malversación. Y por otro, el intento fallido de modificar el sistema de elección de miembros del Tribunal Constitucional.
Desde la separación de poderes establecida por Montesquieu, el buen funcionamiento entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial está supeditado al respeto incuestionable y sagrado a este equilibrio y a su independencia. Quebrar esta premisa mediante controvertidas reformas, a fin de controlar el Tribunal Constitucional por las bravas, y satisfacer a uno de sus principales aliados, ERC, que abomina de la Carta Magna y que persigue con ahínco fracturar la unidad de España, supone una ruptura del mencionado equilibrio y la adopción de unas reglas de juego a la carta, incompatibles con la equidad exigida en un Estado de Derecho.
Ya se han alzado no pocas voces de socialistas respetados y honorables contra las decisiones que está tomando Pedro Sánchez. Esos políticos, que lucharon por las libertades, codo con codo con otros partidos a pesar de sus discrepancias y diferencias ideológicas, consideran que el camino emprendido por el presidente es irresponsable y temerario, alejado de esa voluntad de tolerancia y entendimiento que permitió el asentamiento estable de la democracia.
Es cierto que tanto el PSOE como el PP tienen responsabilidades en la no renovación de los órganos judiciales y del Constitucional, pero esto no justifica que se cambien las reglas del juego, tras el fracaso de unos encuentros celebrados con muchos recelos, mediante la presentación de tapadillo de unas enmiendas mezcladas en un revoltijo de resoluciones. Un cambio en la elección de los miembros del Tribunal de Garantías, contemplado en la propia Constitución, no puede solventarse de esta manera oblicua, sino con soportes legales de entidad y proporcionales con el cambio previsto.
En el mismo sentido cabe mencionar el rumbo tomado en favor de los independentistas catalanes que parecen haberse convertidos en los auténticos dueños y señores de la política española, que tanto detestan, pero que jamás les había concedido tantos e inimaginables réditos. ¿Puede ponerse en jaque a un país entero, dividirlo hasta estos extremos, por decisiones que parecen perseguir sólo la permanencia en el poder?
Amoldarse a los deseos de los nacionalistas es meterse en un callejón sin salida. Los separatistas llevan muchos años adobando convenientemente su visionaria aspiración. En ese totum revolutum de sentimientos e historia -a ver quién no la tiene en este país- no dudan en apropiarse de los primeros y manipular la segunda. No les detiene ni la certeza de carecer de una aplastante mayoría social en favor de sus pretensiones, ni la falta de respeto a quienes piensan de otra manera en su mismo territorio, a los que desprecian y humillan. No van a parar nunca y si encuentran, como ahora, un viento favorable desplegarán sus velas para aprovecharlo al máximo y llegar hasta donde sea posible. No deja de ser llamativo que la misma tarde en que se debatían en el congreso los polémicos cambios en el delito de sedición y malversación, Oriol Junqueras, el todopoderoso líder de ERC, ya exigía también un referéndum de autodeterminación. ¿Algo más?
Cuesta entender sin desazón lo que está sucediendo desde hace unos años atrás en la política española. Se están poniendo en riesgo las bases de convivencia y solidaridad de una nación fuerte y admirable de la que debemos sentirnos orgullosos. Este país precisa recuperar con urgencia su rumbo plenamente democrático, ese espíritu de concordia y tolerancia tan añorado-nunca me cansaré de repetirlo- y confiar en la fortaleza de las instituciones asentadas por la Constitución, para contener maniobras que pongan en riesgo la armonía social. Cuidado con despertarnos un día y comprobar que nuestra democracia es puro espejismo.
Fernando de Yarza López-Madrazo, Presidente de HENNEO.
