Agilizan los trámites para lograr las ayudas por dependencia

HUESCA.- Simplificar, agilizar y reducir la documentación. Estas son las novedades y los objetivos que se persiguen con la orden por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de Aragón que publicó este lunes el Boletín Oficial de Aragón.

El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, y el jefe del servicio de Coordinación de la Gestión de las Prestaciones, Óscar Embid, presentaron el contenido de esta orden que comenzará a aplicarse el próximo 10 de junio.

Este nuevo procedimiento aporta siete principales novedades. En primer lugar la orden simplifica la tramitación, reduciendo los pasos que debe de dar el usuario para solicitar y recibir las prestaciones y servicios para los dependientes. La Orden flexibiliza las posibilidades de intervención de los profesionales del sistema de servicios sociales, de forma que, en función de los supuestos, permite intervenir en la fase del procedimiento que se considere más adecuada.

Además, configura todo el procedimiento para ser tramitado de forma telemática suprimiendo el formato papel desde su inicio, desde que se presenta la solicitud.

En cuarto lugar reduce la aportación de documentación. Si el usuario da permiso y gracias a la tramitación telemática, el IASS podrá consultar datos en poder de todas las administraciones necesarios para completar la solicitud sin que el usuario deba entregar la documentación. Asimismo, se elimina la necesidad de algunos documentos que se venían exigiendo. Por otra parte, respecto a la capital aragonesa, dado el elevado número de solicitudes que se reciben en la ciudad de Zaragoza, será la Dirección Provincial de Zaragoza del IASS la que se encargue de toda la tramitación y no los centros de servicios sociales municipales.

El nuevo procedimiento también facilita las modificaciones de los expedientes e implica cambios con consecuencias económicas en las revisiones de los expedientes.