Sociedad

LEY DE GARANTÍAS Y DERECHOS

El PP advierte de que hay 10.400 personas en Aragón a la espera de que se valore su discapacidad

El grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria para que la consejera Broto explique estas cifras

El PP advierte de que hay 10.400 personas en Aragón a la espera de que se valore su discapacidad
El PP advierte de que hay 10.400 personas en Aragón a la espera de que se valore su discapacidad
S.E.

ZARAGOZA.- El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha advertido de que en la Comunidad autónoma hay unas 10.400 personas en lista de espera para que se les valore su grado de discapacidad, quienes están una media de nueve meses hasta lograr salir de ella en el caso de Zaragoza, si bien hay quienes han permanecido hasta un año.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada portavoz de Ciudadanía del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, que ha señalado que esa cifra de personas esperando a ser valoradas representa el diez por ciento de las que tienen discapacidad en la Comunidad autónoma.

La parlamentaria 'popular' ha considerado "grave" la situación ya que sin ese certificado estas personas "no pueden acceder a ningún servicio ni laboral, ni social, ni fiscal".

Orós ha recordado que a partir del 33 por ciento de discapacidad las personas pueden acceder a deducciones, ayudas a la educación, a la adaptación de la vivienda o del vehículo, ayudas al transporte, acceso a los centros especiales de empleo y al empleo público en unas condiciones especiales.

La parlamentaria ha esgrimido que estas personas "tienen un derecho que no pueden ejercer", por la falta de "avance" por parte de un Gobierno "que se hace llamar social y progresista".

INICIATIVAS

Orós ha detallado que se trata de datos oficiales, con fecha de diciembre de 2019, y ha anunciado que su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria para que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, explique por qué ese volumen de personas esperando, que "triplica" a quienes aguardan a que se les valore su grado de dependencia.

Igualmente, la diputada del PP quiere conocer si se van a articular medidas para reducir esa lista de espera, al tiempo que el PP va a impulsar una proposición no de ley en la que reclamará al Ejecutivo autonómico que "impulse" la aminoración de los tiempos de valoración.

Orós ha esgrimido que "ser social y progresista no se basa en decirlo, ni en aprobar una ley de Garantías y Derechos de las Personas con Discapacidad", como la que fue apoyada por unanimidad el año pasado en las Cortes de Aragón, sino "en tomar medidas, con presupuesto, que mejoren la calidad de vida de estas personas y les dé igualdad de oportunidades".

La parlamentaria del PP ha incidido en que "no vale ser social y progresista, pero solo con derechos de papel" y ha abundado en que de la ley aprobada en 2019, "no ha puesto en marcha ni una sola medida, salvo lo que ya se hacía".

VALORACIÓN

La diputada 'popular' ha considerado que la consejera debería hacer una "valoración seria" sobre qué medios se necesitan para hacer frente a esta situación y ha querido saber "por qué no lo ha puesto en marcha", cuando sí se ha trabajado para reducir las listas de espera de las personas con dependencia.

Orós ha comentado que ha podido ser porque esta última "tiene mucha más sonoridad en los medios de comunicación y la discapacidad se olvida", para recordar que su grupo presentó en comisión una proposición no de ley que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón y que pedía aplicar algunas medidas de la ley de 2019.

Desde la entrada en vigor de esa norma, las personas con discapacidad deberían tener acceso gratuito a los productos de ortopedia y debía ser el Ejecutivo autonómico el que se pusiera de acuerdo con los establecimientos para costearlas.

El PP también abogaba en esa iniciativa por que los jóvenes con discapacidad mantuvieran la gratuidad en el servicio de odontología a partir de los 18 años, ya que tienen "necesidades especiales" en este ámbito, igual que pedía el apoyo a la figura del asistente personal y la creación de una mediación para evitar que tengan que acudir a los juzgados.