El Gobierno aprueba la ley de infancia y apela al consenso para mejorarla

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asumió este martes el compromiso de intentar lograr un "amplio consenso" en el Parlamento para mejorar y aprobar la ley de infancia frente a la violencia, y pidió perdón a las víctimas para las que llega tarde.

"Las ideologías no pueden separarnos en una normativa" que proteja los derechos de los niños y jóvenes frente a la violencia, dijo Iglesias, quien aseguró que se va a "esforzar mucho para que así sea".

El ministro de Derechos Sociales explicó que el Gobierno no quería retrasar más la tramitación de la ley, que ha sido estudiada por varios gobiernos, y confió en que "el trámite de enmiendas puede contribuir a mejorarla", incluyendo a través de los grupos parlamentarios algunas aportaciones para completarla.

La ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, "que estaba prácticamente acabada antes de la pandemia y que ha tenido que ser retrasada hasta hoy", fue trasladada este martes al Consejo de Ministros por la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto a los ministerios de Justicia, Interior y Educación, con aportaciones de Igualdad.

Iglesias destacó la importancia de su enfoque integral porque protegerá a los niños en todos los ámbitos y su prioridad es la prevención y "establecer barreras de protección para los niños".

Se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente, aun cuando no sea constitutiva de delito; un deber más exigente para los colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con los niños.

"Se trata de implicar a toda la sociedad y acabar con la impunidad" para que no se encare la violencia contra los niños "como un problema privado, sino social".

En este sentido, recordó que obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave contra un menor, y a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida (la que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento) cuando la víctima tenga menos de 14 años.

"Muchas víctimas tienen miedo a denunciar cuando tienen que declarar muchas veces, para eso se va a trabajar para que los menores de 14 no lo tengan que hacer reiteradamente y revivir el horror que han podido sufrir".

Además, será obligatoria la privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera su hijo. "Un asesino machista jamás puede ser un buen padre ni tendrá la patria potestad".

En el ámbito escolar, habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros, encargado de vigilar los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia en los colegios y en los centros de ocio.

La ley perseguirá nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.

Así, la difusión a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de contenidos destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de menores o personas con discapacidad de especial protección será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Se regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección y la rápida retirada de internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo. La nueva regulación, a los delitos de odio, incorpora la edad como causa de discriminación, incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales del Código Penal.

"Con la ley se garantiza la formación en derechos de la infancia de los profesionales que tengan contacto habitual y se aseguran la existencia de unidades especializadas en la Policía" y espacios de formación de jueces y fiscales. Iglesias destacó que es "crucial" que las víctimas puedan denunciar los abusos sexuales hasta que cumplan los 30 años, y no hasta los 18 como ocurre ahora, porque "muchas víctimas necesitan ese proceso de maduración" para atreverse a denunciar. De esta forma "se evita situaciones de impunidad que han sido escandalosas".

Se prohíbe la publicidad que pueda provocar en menores conductas violentas o que integren estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico. La ley endurece las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios a las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de 16 años.

La ley, que también se conoce como ley Rhodes, conlleva la reforma de una decena de leyes e incorpora una definición amplia de violencia, que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos.

El vicepresidente segundo del Gobierno agradeció su aportación en la protección de los menores de los trabajadores sociales y los colectivos sociales, y acabó pidiendo perdón por haber llegado tarde para muchas de las víctimas que sin esta ley se han sentido desprotegidas.