Zoido se desmarca de las cargas y culpa a los Mossos de no cumplir

MADRID.- El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido se desvinculó del operativo policial y de las cargas del referéndum del 1 de octubre, un día en el que la Policía actuó de forma "proporcionada" frente al dispositivo "totalmente insuficiente" de los Mossos, que no cumplieron con lo prometido.

Como máximo responsable de Interior en aquel momento, su testifical en el juicio del "procés" era una de las más esperadas por algunas defensas, sobre todo la del exconseller del ramo Joaquim Forn, acusado de rebelión y sobre el que pesa la responsabilidad de la actuación de los Mossos en episodios clave como el 20-S o el 1-O.

Pese a su cargo, Zoido aseguró este jueves que ni él dio la orden a la Policía y la Guardia Civil de intervenir el 1-O, ni tampoco la de poner fin a las cargas. Esa decisión la tomaron los "operativos".

"Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer". De esta forma trazó el exministro una línea entre sus funciones y lo que era competencia de los operativos policiales, como hiciesen también el miércoles el expresidente Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.

Lo que no le eximió de defender la "actuación destacada" de las fuerzas de seguridad el 1-O, donde a su juicio se desplegó una fuerza "proporcionada y racional" en unas condiciones "muy adversas" que les obligaron "a replegarse, al ver que era imposible acceder a los colegios".

Todo ello en una jornada en la que resultó "imposible" cumplir la orden judicial de impedir el referéndum. Y aunque se vieron imágenes que no le resultan "agradables", el actual diputado del PP reconoció que a veces "para restablecer el orden legal y constitucional no hay más remedio que emplear de manera razonable la fuerza".

No hubiese pasado lo mismo, recalcó, si los Mossos hubiesen cumplido con el compromiso adquirido antes del 1-O.

Horas antes que Zoido, fue el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien testificó ante el tribunal, a quien relató el papel de "intermediación" entre el Gobierno y el Govern que desempeñó para impedir la DUI y la activación del 155, a petición de muchas personas, con un relato cercano al expuesto ante la Sala por el exconseller Santi Vila, acusado de desobediencia y malversación.

Sus gestiones, desempeñadas ya desde junio de 2017, pero más intensamente los días posteriores al 1-O, propiciaron un "acuerdo" para que se convocaran elecciones en Cataluña y se renunciara a la DUI, pese a que Rajoy nunca fue "taxativo" al garantizar que no se aplicaría el 155 si había comicios.

Pero el 26 de octubre, según comentó Urkullu, Puigdemont le comunicó que, "lamentándolo", no podía convocar elecciones porque "las personas que estaban manifestándose en la plaza Sant Jaume se les estaban rebelando y también tenía presión en su grupo".

Sobre el 1-O también se manifestó el jueves en el juicio la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que advirtió que "las cargas policiales brutales alteraron completamente la jornada", pero que no creía que fueran espontáneas, sino que respondieron a una "instrucción política".