La falta de suministro eléctrico recrudece la crisis en Venezuela

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este viernes la suspensión de la jornada laboral tanto en el sector público como privado y de las clases escolares, como consecuencia del apagón que afectó al 90 % del país. En una alocución recogida por varios medios venezolanos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dio cuenta de esa suspensión, que a su juicio es producto de un "sabotaje eléctrico" organizado por "la oposición extremista" venezolana "en complicidad con poderes imperiales" que no especificó.

Por su parte, el considerado número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, responsabilizó al "imperialismo y sus aliados" de los sucedido. "Los voceros imperiales celebran abiertamente, debemos prepararnos para seguir resistiendo y batallando, ellos no podrán y nosotros Venceremos", afirmó Cabello en su cuenta de la red social Twitter.

Así las cosas, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, achacó los cortes eléctricos en el país a la "corrupción" en Miraflores (sede del Gobierno) y convocó a la población a salir hoy a la calle para reclamar "que cese la usurpación" del presidente Maduro.

Guaidó también se sirvió de Twitter para publicar un vídeo en el que recalcó que "es importante" saber que "solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación". Guaidó realizó además un recorrido por varias calles de Caracas para constatar la situación en la capital venezolana.

Y reacciones también desde EE.UU, donde el secretario de Estado, Mike Pompeo, recalcó que en Venezuela no hay comida, medicinas ni electricidad y añadió que "el próximo" es el presidente venezolano, Nicolás Maduro. "No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro", indicó en Twitter.

MISIÓN DE LA ONU

Todo ello coincidió con el anuncio de la ONU de que un equipo técnico de cinco expertos visitará Venezuela entre el 11 y el 22 de este mes por invitación del Gobierno. Se trata de una misión previa a la visita a Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, invitada por el Gobierno de Maduro en noviembre. Además de entrevistarse con altos funcionarios y miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento), los enviados también se reunirán con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de violaciones de derechos humanos.