DESAFÍO INDEPENDENTISTA
Querella contra Torra por su demora en la retirada de los lazos
La Fiscalía considera que incumplió el plazo que le impuso la Junta Electoral y además instaló otra pancarta sobre la libertad de expresión
MADRID/BARCELONA.- La Fiscalía ha iniciado el procedimiento para una posible inhabilitación de Quim Torra como cargo público por su demora en quitar de los edificios públicos los símbolos independentistas, tras incumplir los plazos establecidos por la Junta Electoral Central (JEC) antes de retirarlos en la mañana del viernes.
Pero el pulso político no cesa: el presidente de la Generalitat colgó una pancarta por la libertad de expresión en la fachada del Palacio de la Generalitat, en la que puede leerse "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Esta última pancarta apareció a las 15.05 horas, justo después de que acabara el plazo que el jueves dio la Junta Electoral para quitar de la vía pública cualquier simbología considerada "partidista", y por tanto, contraria a la legislación en periodo electoral. El nuevo cartel es el tercero, ya que originalmente se exhibía uno con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo, y que tenía que haber sido retirado el martes tras varios requerimientos. El jueves, Torra lo sustituyó por otro con el mismo lema y un lazo blanco atravesado por una franja roja.
El cartel de Torra, al defender la libertad de expresión sin simbología ni más mensajes o consignas, pudiera ser legal. La Junta tendrá que analizarlo llegado el caso. En las consejerías que dirige ERC los símbolos se retiraron sin intervención de los Mossos, en tanto que en la Generalitat, los funcionarios retiraron la pancarta de la fachada en cuanto se personó la policía.
Torra, por su parte, anunció un recurso ante el Supremo contra las decisiones de la JEC y una querella al mismo órgano por presunta prevaricación.
Asimismo, la Fiscalía comenzó el proceso contra él, ya que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenó a la Fiscalía de Cataluña que se querelle por los incumplimientos de los acuerdos de la Junta Electoral Central.
Acepta de este modo la remisión del caso hecha por la JEC ante las "responsabilidades penales" en las que ha podido incurrir el presidente de Cataluña con su actitud.
