INVESTIGACIÓN
Abren causa a Borràs por presuntas adjudicaciones irregulares a un amigo
El Tribunal Supremo ha iniciado el procedimiento por 18 contratos por valor de 259.863 euros
MADRID.- El Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento a la diputada de JxCAT Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.
La Sala indica en un auto que los hechos descritos en relación a la portavoz de JxCAT en el Congreso en la exposición razonada del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona "podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración malversación de caudales públicos y falsedad documental".
El Supremo nombra como instructor al juez Eduardo de Porres, que, en el caso de hallar indicios sólidos contra Borràs, podría pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados para actuar contra ella, si bien la diputada puede acudir a declarar de forma voluntaria ante el alto tribunal.
La Sala estima la petición de la Fiscalía, que solicitó que investigara a Borràs al considerar que abusó de su función como directora de ILC y "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo.
De hecho, el Supremo cree que también es competente para investigar los hechos que afectan a Herrero dado que, aunque no es aforado, existe una "inescindible conexión inicialmente apreciable" entre la conducta que se le atribuye a él y a la diputada.
En su auto la Sala analiza si los hechos recogidos en la exposición razonada del juzgado catalán, "según una valoración muy provisional", pueden ser delictivos.
Según ese escrito, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa.
El total adjudicado a Herrero o a las entidades tras las que se ocultaba ascendió a 259.863 euros. Borràs dirigió la ILC de 2013 a 2018 y en su condición "propuso la contratación", según el juzgado.
