El Ejecutivo ofrece una gestión "bilateral" a las autonomías

MADRID.- El Gobierno planteó en su encuentro con las autonomías en el Senado una gestión "bilateral" de la aplicación del plan de desescalada del confinamiento, después de pedirles que igual que se comparten las críticas por la gestión se reconozcan también sus aciertos.

Lo planteó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, tras escuchar las demandas de mayor atención, participación y escucha que le han hecho llegar los cuatro presidentes autonómicos del PP que participaron este jueves en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

En palabras del cántabro Miguel Ángel Revilla, él y los demás presidentes "han pintado cero" en las decisiones adoptadas por el Gobierno desde que se activó el estado de alarma, e incluso se quejó de la "recentralización" competencial del Ejecutivo.

Sin embargo, la ministra Darias, en una extensa exposición de más de una hora donde reseñó las 60 conferencias con consejeros y técnicos celebradas para concretar las medidas contra la pandemia, valoró el acuerdo y el consenso con las comunidades "por encima del ruido" tras asegurar que el Estado autonómico ha respondido "razonablemente bien" ante el reto del coronavirus.

Solo participaron cinco presidentes en la cita, además de Revilla, los de cuatro comunidades gobernadas por el PP: Fernando López Miras (Murcia), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), y Juan Jesús Vivas (Ceuta).

Todos hubieran preferido tener enfrente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya ausencia calificó López Miras de "falta de respeto", pero Darias les recordó que es costumbre que el jefe del Gobierno no comparezca nunca en comisión.

Quien sí acudió a la Cámara Alta fue el líder del PP, Pablo Casado, antes del comienzo de la sesión, para reunirse con los presidentes de su partido y grabar unas declaraciones en las que aseguraba que su partido no será "cómplice" del Gobierno para un plan de desescalada que considera "un caos".

Ese plan, muy cuestionado por las autonomías del PP, ha llevado a sus presidentes a pedir recursos económicos para aplicarlo, además de exigir al Ejecutivo "lealtad recíproca" y colaboración.