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PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Un total de 116 familias presentan una querella contra todo el Gobierno en el Supremo

Consideran que ha existido un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia

Un total de 116 familias presentan una querella contra todo el Gobierno en el Supremo
Un total de 116 familias presentan una querella contra todo el Gobierno en el Supremo
EFE

MADRID- Un grupo de abogados ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra todo el Gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familiares de víctimas de la covid-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

La querella, interpuesta ante la Sala de lo Penal del alto tribunal, se dirige contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares".

Sostienen que sus familiares han fallecido "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano" y creen que "se ha debido al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados".

Hasta la fecha, 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse, pero solo 116 se han personado ya que, las restantes "no han podido obtener, hasta el momento", el Certificado Médico de Defunción, necesario para acreditar la muerte de sus familiares y sus causas y así interponer la acción penal.

En la querella, los familiares denuncian al Gobierno en pleno por su "irresponsable y negligente inacción", por su "actuación tardía y nefasta" y por "la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia" desde que tuvieron conocimiento de su existencia en diciembre de 2019 o enero de 2020.

Consideran que el Ejecutivo "decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas" cuando "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía".

Se refieren a las concentraciones y manifestaciones de organizaciones agrarias y a las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, "fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas", como la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Irene Montero, Carolina Darías e Isabel Celaá.

También ese 8 de marzo, Vox, convocó un acto en Madrid "sin que recibieran advertencia alguna por parte del Gobierno"; ni se impidieron ni cancelaron los vuelos con origen o destino a Italia hasta el 10 de marzo, permitiendo que sus ciudadanos "se desplazaran sin ningún tipo de restricción" en España; y se mantuvieron celebrando eventos multitudinarios deportivos.

No fue hasta el 12 de marzo cuando "arrollados ya por los acontecimientos, y sin duda con mucho retraso", adoptaron las primeras medidas con la declaración del estado de alarma, algo que "resulta inconcebible" pues "en apenas una semana", tan sólo 6 días después del 8M, se pasó de poder hacer una vida normal a una situación extrema de confinamiento de la población en sus casas.

Dicen que todo ello ha llevado a España, a pesar de poseer uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, según manifestaciones de los querellados, a la cabeza mundial del número de víctimas mortales y contagiados en proporción al número de habitantes, y también a la cabeza mundial en cuanto a número de sanitarios contagiados.

Los familiares señalan que la gestión de esta crisis sanitaria, "amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas".

Unas víctimas, añaden "que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus".

Los querellantes denuncian también "la caótica situación de las residencias de ancianos", cuyo control y gestión política corresponde al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por mor de la delegación realizada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en las que muchas de las víctimas pertenecientes a familias de los querellantes, han perdido la vida en estos centros, unos hechos que esperan que se puedan investigar en esta querella.

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