Aprobado un plan de rescate para hostelería y turismo

MADRID.- El Gobierno aprobó este martes un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales, un "ambicioso" plan con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros. Unas medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros y que explicó la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien consideró que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria. Según sus cálculos, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales.

Y otros 2.000 millones en apoyos a través de "moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar" las empresas, según la ministra portavoz.

Montero explicó que el Gobierno central no puede entregar un "cheque" a los miles de negocios que hay por todo el país, pero ha insistido en que las medidas aprobadas este martes son "una forma de expresar" esas ayudas directas que reclaman los empresarios.

Además, el Gobierno amplía hasta octubre próximo las bonificaciones del 50 % a la Seguridad para los fijos discontinuos del sector turístico, anunció ayer en Palma la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Esta ampliación fue aprobada este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y está recogida en un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio. En julio, ante la crisis por la pandemia, el Gobierno aprobó esta bonificación para los meses de febrero, marzo y noviembre, pero ahora la amplía hasta octubre, en total, diez meses de bonificación.

Para la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) el plan de rescate deja fuera a muchos autónomos. "Llega tarde, es escaso y sin ayudas directas a los sectores afectados, que va a dejar fuera a muchos autónomos que necesitan esta ayuda", afirmó al respecto el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en un comunicado. Y la organización Hostelería de España consideró también insuficiente el plan de medidas al estimar que se aleja de las ayudas que se vienen reivindicando desde el sector homologadas con las que toda Europa ha destinado a la hostelería, y que países como Francia, Italia y Alemania ya han aplicado.

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio también luz verde este martes al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma (hasta el 9 de mayo) los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hizo hincapié en que el decreto intenta "preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las familias más vulnerables, pero también los derechos de los arrendadores".

Para ello, en el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.

OLEADA DE RECLAMACIONES

Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties, Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, la norma abre ahora la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado.

Se prohíbe asimismo durante el estado de alarma los cortes de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social y también a los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad, pero pueden acreditarla por medio de los servicios sociales.