El Gobierno avala la ley del solo sí es sí tras más de un año de vicisitudes

El Consejo de Ministros da luz verde, después de 16 meses de camino tortuoso, a una legislación que amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja y la expareja y que ha sido ampliamente demandada por el movimiento feminista, sobre todo a raíz de la violación grupal de la Manada. Desde el Ejecutivo se prevé que su tramitación parlamentaria en septiembre.

El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Con esta reforma, afirma Igualdad, las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido; todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

El consentimiento, pilar del proyecto, fue duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual.

El Consejo Fiscal, que sí avaló el anteproyecto, sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales (con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos), la ley abordará múltiples ámbitos.

Considerará como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

El Gobierno aspira además a acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

Y tendrá un apartado especial para los menores: contempla la creación de "casas de niños" para atender de forma especializada a los menores víctimas de violencia sexual, centros en los que se lleven a cabo todas las diligencias y tratamientos necesarios. También se establece por ley el funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas mayores de 16 años.