OPERACIÓN KITCHEN
El PP suspende de militancia a Jorge Fernández Díaz
Cospedal y López del Hierro no serán acusados por esta pieza del Caso Kitchen
El Partido Popular comunicó este jueves al exministro de Interior Jorge Fernández la suspensión provisional de militancia del partido tras la decisión del juez de procesarle por la investigación relativa al espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han informado fuentes del partido.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón puso fin a esa investigación de la llamada Operación Kitchen proponiendo juzgar por ello a Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial. Al mismo tiempo ha excluido a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
En septiembre de 2020, cuando Fernández Díaz fue imputado por el caso Kitchen, el partido ya le abrió un expediente informativo y la expulsión es una opción que podría contemplaría cuando hubiera una sentencia condenatoria y firme. En cuanto a esto, el presidente de la formación Pablo Casado declaró en su comparecencia de balance del periodo de sesiones que el partido se anticipó “incluso a la instrucción judicial”.
Casado llama a la reflexión
En su comparecencia ante la prensa, Pablo Casado puso el acento en que el juez “también ha dicho este jueves que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tenía ninguna responsabilidad”. “Creo que también debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente”, destacó.
Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Cospedal acompañada del mensaje en latín “Veritas filia temporis” (la verdad es hija del tiempo)”.
El pasado mes de junio, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrir expediente informativo a María Dolores de Cospedal tras su imputación en la llamada ‘Operación Kitchen’, al argumentar que la presunta conducta no resultaba del “ejercicio de un cargo público o representativo”, según informó en ese momento la formación.
