La Ley de Vivienda puede quedarse sin efecto

El vuelco electoral tras las elecciones autonómicas y municipales de el pasado domingo puede dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Vivienda en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas que van a pasar a ser regidos por el Partido Popular, que se ha posicionado en contra de la misma.

De hecho, tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, cree que la Ley de Vivienda podría ser derogada completamente si los populares consiguen gobernar.

En este sentido, después de los comicios del pasado domingo el desarrollo de la Ley de Vivienda, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España, apuntó ayer Zurdo.

En aquellas comunidades donde si pueda aplicarse, denuncia ANA, desplazará la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España “de dos velocidades”.

“Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler”, añadió Zurdo.

Por otra parte, el adelanto electoral ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Una vez se publique el decreto de disolución, sólo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, que está prevista para mediados del próximo mes de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces convocadas para hoy