El Gobierno y sus socios elevan el tono ante las enmiendas a la ley de amnistía de PP y Vox

La ilegalización de partidos que piden el PP y Vox en sus enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía ha vuelto a encender el debate político a menos de una semana de que la proposición de ley vuelva a escena, en esta ocasión en la sede del Senado.

Un día después de que PP y Vox registraran sendas enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía con textos alternativos el Gobierno y sus socios han elevado el tono para avisar de que la reforma del Código Penal que piden los populares es innecesaria porque no existe deslealtad a la Constitución.

“La única deslealtad constitucional que lleva acreditada durante más de 1.800 días es la del PP oponiéndose de forma improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, zanjó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras defender que ya existe la ley de partidos. Una ley cuyo objetivo es garantizar el sistema democrático impidiendo que un partido político pueda atentar contra el régimen democrático de libertades o apoyar la violencia.

Y es que aunque Vox ya había registrado en varias ocasiones iniciativas parlamentarias para ilegalizar partidos políticos, el PP no se había pronunciado sobre ello hasta que en su enmienda a la totalidad ha propuesto que se tipifique el delito de deslealtad constitucional en declaraciones de independencia y referéndum ilegales. Aboga por la disolución de las personas jurídicas que incurran en esos delitos, incluidos partidos políticos y propone penas que pasan por inhabilitación y cárcel de hasta diez años.

No obstante, los populares precisaron que no piden disolver un partido político por sus ideas, sino solo si cometen actos delictivos, lo que supone una “gran diferencia” con las iniciativas de Vox. “Es evidente que en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defiende, pero sí se puede por los actos ilegales que comete”, puntualizó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

De hecho, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, insistió en que en la iniciativa del PP se ha incorporado algo que ya existe en el Código Penal, que es que las personas jurídicas también tienen responsabilidades penales y, por tanto, no pueden obviarse más allá de las responsabilidades personales en las que pudieran estar inmersos algunos ciudadanos.

“Es un atentado directo” a la Carta Magna, consideró la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, en una entrevista en TVE que como partido socio de coalición del Gobierno ve la enmienda del PP más propia a “regímenes autoritarios” que “de la propia democracia”.

“Lo que está claro es que no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Constitución, que es el derecho a la pluralidad y a la libertad de expresión”, apostilló al tiempo que ERC, uno de los partidos que se vería afectado por la enmienda del PP, incide en que celebrar un referéndum no es un delito.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, cree que el PP da “un paso más en la carrera con Vox hacia el totalitarismo” y advirtió en la red social X que “no es la primera vez que intentan eliminar a los adversarios políticos”.

Además desde el Gobierno se critica que el PP haya presentado esta propuesta de enmienda a la amnistía habiéndose reunido con miembros de Junts antes de la investidura fallida de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les acusó de “hipocresía política”.