Los casos Tsunami y Volhov frenan una amnistía de la que dependen centenares de acusados

El miedo de Junts a que los casos Tsunami y Volhov, que pueden afectar al expresidente catalán Carles Puigdemont, queden fuera de la amnistía han llevado al partido a votar en contra de la norma y enviarla de vuelta a la Comisión de Justicia para seguir debatiendo cambios.

La formación independentista catalana ha intentado hasta última hora que el PSOE votase a favor de incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo y también los de traición, contra la paz o independencia del Estado porque, ha dicho, "una amnistía selectiva y en diferido" no es lo que acordaron.

Desde el PSOE, sin embargo, han defendido la solidez de la norma tal y como está y han dejado claro que "no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce", en referencia a las últimas resoluciones de los casos Tsunami y Volhov.

Aunque no los ha citado, seguramente esos procedimientos son los "agujeros" de la ley a los que se ha referido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el debate de este martes en el Congreso, donde ha presionado sin éxito in "extremis" al PSOE para que ampliase el paraguas de amnistía.

Con este nuevo giro de guion en el "procés", la norma vuelve a la Comisión de Justicia durante un plazo máximo de un mes, en el que seguirán en el aire los casi un centenar de causas penales y un alto número de implicados aún por determinar que podrían verse beneficiados por un perdón que todavía seguirá negociándose.

Tsunami y Volhov: principales escollos de la amnistía

Son los dos casos judiciales que en los últimos días han sembrado dudas sobre si entrarían o no en la amnistía.

En Tsunami, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón indaga si los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del "procés" en 2019 constituyeron delitos de terrorismo y si estos pueden imputarse a sus organizadores.

El juez, que ve indicios de terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira, trata de determinar si hay relación entre las protestas y la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en el aeropuerto del Prat, y cree que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió un policía, incompatibles "con el derecho a la vida e integridad física", reconocido, entre otros, en "el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos".

Esta semana también se han conocido novedades en otro caso que podría afectar a Puigdemont: Volhov, que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona.

Su titular, Joaquín Aguirre, cree que hay indicios de que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña para "desestabilizar la Unión Europea" y que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia.

El magistrado no ha concretado qué delitos se podrían investigar, de modo que se desconoce si estas conductas entrarían en aquellos que, por el momento, sigue excluyendo el texto de la norma, como los de traición o contra la paz o la independencia del Estado, y que Junts quiere incluir.

Las causas que quedan en el aire

A la espera de saber cómo quedará la ley, con este nuevo capítulo parlamentario deben aún esperar numerosas causas que se daba por hecho que serían beneficiadas, empezando por la principal, que ha investigado y juzgado -aunque solo para algunos- el Tribunal Supremo.

Puigdemont, fugado en 2017 junto a otros dos exconsellers -Lluís Puig y Toni Comín- están procesados por desobediencia y malversación y tienen una orden de detención nacional en vigor, que, según la proposición, debería decaer cuando sea aprobada definitivamente, aunque se recurra ante el Tribunal Constitucional o Europa.

Sí que lo fueron el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que ha asistido hoy al debate parlamentario, y varios exconsejeros, que actualmente tienen indultada la pena de cárcel, aunque mantienen la de inhabilitación. El líder de ERC y la exconsellera Dolors Bassa, hasta 2031, y Raül Romeva y Jordi Turull, hasta 2030.

Los 12 CDR

Es el segundo procedimiento por terrorismo abierto en relación al "procés" y que los partidos catalanes daban por hecho que entraría en la amnistía tras los cambios logrados antes de llegar al pleno de hoy.

Doce personas están procesadas por delitos de terrorismo y se les acusa de pertenecer a una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República que planeó supuestamente acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019 de cara al aniversario del 1-O.

Junto estos procesos otros muchos que se siguen en Cataluña o en el Tribunal de Cuentas, de la organización y la logística del 1 de octubre, a los gastos del "procés" o las cargas policiales durante la consulta ilegal organizada en 2017.