Conflicto entre el Senado y el Congreso por la ley de Amnistía

El Senado planteará un conflicto con el Congreso para reclamar a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de amnistía, una iniciativa que adoptará a petición del PP, al entender que es inconstitucional y su tramitación, “fraudulenta”.

Este conflicto podría acabar en el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso no acepte en un plazo máximo de 30 días este requerimiento, que promoverá ante la Mesa por el grupo popular, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La iniciativa de los populares, que debe pasar por la Mesa y tiene que ser aprobada por el pleno de la Cámara Alta, no interrumpiría en ningún caso el plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en el Senado y que finaliza el 16 de mayo, según fuentes parlamentarias.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció ayer la medida, que deberá debatirse en el pleno, durante una interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

“Quiero anunciar que el grupo popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, anunció la portavoz popular. Acusó a los socialistas de llevar a cabo “tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya” porque “por un lado está la legalidad y por otro Pedro Sánchez”.

Los populares hacen uso así de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

Una vez que el pleno del Senado plantee el conflicto constitucional, el Congreso tiene un mes para pronunciarse, y si no rectifica su postura sobre la amnistía es ese el punto en el que la Cámara Alta puede acudir al Constitucional, de acuerdo con el artículo 73.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, avisó al PP de que “la última palabra en la ley de amnistía la tendrá el Congreso”. Bolaños acusó al PP de presentar este conflicto de competencias “para agradar a la ultraderecha y que no se enfaden” y argumentó que en lugar de esta estrategia deberían trabajar en mejorar el texto, “si es que es posible”, y devolverlo al Congreso.

Además, denunció que el PP ha convertido el Senado en una cámara “dilatoria y obstruccionista” que pretende paralizar la actividad legislativa.