El TSJA desestima el recurso de Sallent contra la sanción por vertidos

HUESCA.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) considera que el Ayuntamiento de Sallent de Gállego es responsable de verter aguas residuales a los ríos Aguas Limpias y Gállego al ser competencia del municipio la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, y entiende que el "retardo" en la construcción de la depuradora y la existencia de un convenio para su ejecución "no priva de la competencia ni de la responsabilidad". Por ello, ha desestimado el recurso interpuesto por el Consistorio sallentino que pedía que se anulara la sanción de 3.098,40 euros que le impuso la CHE. Se trata de la primera resolución del TSJA, donde hay demandas de otra decena de ayuntamientos del Pirineo que se encuentran en la misma situación: han sido sancionados con multas económicas por la CHE por verter sus aguas residuales a los ríos al no haberse construido sus depuradoras, que fueron declaradas de interés general y para cuya ejecución el Ministerio delegó en el Gobierno de Aragón, quien a su vez recibió las competencias en la materia por parte de los municipios.

Tras esta primera resolución judicial, se espera que las demás lleguen en cascada y sean también en contra de los intereses municipales. La idea es seguir adelante y acudir al Tribunal Supremo. Esto es lo que va a hacer Sallent, cuyo alcalde, Jesús Gericó, reiteró ayer que no es de recibo que "paguemos el ICA y no tengamos depuradora, y encima nos denuncian por contaminar cuando tenemos transferidas las competencias", al tiempo que se preguntó "dónde está el dinero de las depuradoras". Añadió que, en este asunto, "la Administración, tanto estatal como autonómica, es juez y parte y, al final, el pagano somos las pequeñas instituciones".

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, tras mostrar su "respeto" a la Justicia, se alineó con la opinión de algunos alcaldes de "ir hasta el final", es decir al Supremo y a Europa. Gracia calificó la situación creada de "incongruencia", ya que estas depuradoras fueron declaradas de interés general, el Estado delegó en la DGA para su ejecución y los ayuntamiento cedieron sus competencias para que se ejecutaran (sólo se llevaron a cabo un 10% de las previstas) y ahora la Administración central sanciona a la local. Por ello, se mostró partidario de "agotar todas las vías" e incluso apoyó la idea planteada por algún alcalde de modificar las leyes "porque parece ilógico que la administración más débil, que no es responsable de las decisiones administrativas, sea la que acabe pagando todo esto".

Entre los alcaldes afectados por las sanciones, el de Canfranc, Fernando Sánchez, mostró su temor a que las resoluciones judiciales del resto de demandas presentadas sean iguales que la de Sallent. Y el de Villanúa, Luis Terrén, consideró que la situación es una "tomadura de pelo" y que los únicos damnificados son los "vecinos de los pueblos que están pagando un canon de vertido por unas depuradoras que no tienen". Se trata -añadió- de "peleas inútiles entre administraciones", consideró que "multar y lavarse las manos es lo más cómodo" y lamentó que se ha creado "un círculo vicioso en el que estamos atrapados los ayuntamiento sin poder hacer nada." Terrén añadió que tal y como están las cosas no ve salida a "este embrollo", aunque aclaró que si su ayuntamiento dispusiera del dinero que se recauda del ICA, "hace años que tendríamos depuradora".