Aragón

CORRUPCIÓN

Condenado un empresario por fraude en un proyecto en el circuito Motorland

Recibió subvenciones para una planta de diseño para las que aportó facturas falsas

Condenado un empresario por fraude en un proyecto en el circuito Motorland
Condenado un empresario por fraude en un proyecto en el circuito Motorland
D.T.

TERUEL.- La magistrada del juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a un empresario que había solicitado subvenciones para una planta de diseño en el circuito de Motorland en Alcañiz (Teruel) a cuatro años y medio de prisión por delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil y a multas que le obligarán a pagar el doble de las cantidades recibidas: más de tres millones de euros.

En la sentencia condenatoria la jueza considera probado que David M., proveniente del sector inmobiliario y sin experiencia ni conocimientos en el sector de la automoción, constituyó una sociedad mercantil -Corporación Industrial Z Mobile- con el supuesto proyecto de diseñar, desarrollar y comercializar un vehículo mini-volumen de cinco puertas eléctrico, que no se llevó a cabo.

Este proyecto planteaba, en una primera fase, el diseño, desarrollo y puesta a punto del prototipo, y en una segunda, la instalación de una cadena de montaje y producción.

Para ello, Corporación Industrial Z Mobile compró a Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A. una parcela ubicada en el polígono industrial Technopark de Motorland en Alcañiz (Teruel).

El siguiente paso fue presentar, ante distintas Administraciones Públicas, regionales y nacionales, su proyecto empresarial con una inversión subvencionable de 1.329.423,65 euros, que incluía, entre otras cosas, la compra de terrenos, la obra civil, la compra de maquinaria y asesoramientos.

El acusado recibió del Instituto Aragonés de Fomento 70.667,16 euros en concepto de subvención y 300.000 euros de préstamo y 108.763,54 del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

Desde la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa consiguió dos préstamos por valor de 565.227 y 500.000 euros y del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, una subvención de 221.038 euros.

Para justificar gastos ante los cuatro organismos el acusado confeccionó facturas falsas y "presentó reiteradamente, a cada una de las cuatro administraciones públicas, las mismas facturas a sabiendas de que dichos gastos eran irreales", informan fuentes judiciales en una nota de prensa.

Además, el condenado creó una sociedad instrumental -Consultoría de Sociedades y Patrimonio SL- a la que imputar de forma ficticia los gastos de la mercantil Z MOBILE con el fin de dar cobertura y apariencia de realidad al entramado.

Las inspecciones realizadas por las administraciones constataron que la nave ubicada en el polígono industrial Technopark se encontraba prácticamente vacía, según recoge la sentencia, que los equipos subvencionados no se encontraban en su totalidad en las instalaciones de la empresa y que en ella no se desarrollaba actividad productiva alguna.

Las multas impuestas suponen un total de 3.534.091 euros (3.531.391,40 euros por el delito de fraude de subvenciones, y 2.700 euros por el delito continuado de falsedad en documentos mercantil).

Además, y en concepto de responsabilidad civil, el empresario condenado deberá abonar 1.765.695 euros de los cuales 1.065.227 euros corresponden a la indemnización al Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y 700.468,7 euros para indemnizar al Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés de Fomento y Departamento de Industria Comercio y Turismo).

Estas cantidades se verán incrementadas en un 25 % para satisfacer los intereses legales de las subvenciones y ayudas que se le concedieron (1.765.695,70 euros percibidos fraudulentamente según expresa la resolución judicial).

La juzgadora le impone también como pena la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de seis años.

La sentencia dictada no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial del Teruel.

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