Confirman la pena a la técnica que inoculó tuberculosis a muestras

ZARAGOZA.- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión impuesta a una técnico de laboratorio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza por poner en riesgo a pacientes y compañeros de trabajo al manipular de forma intencionada cepas de tuberculosis para inocularlas a muestras tomadas a pacientes.

La sentencia dictada por la Audiencia de Zaragoza en relación a estos hechos, ratificada en su integridad por el Supremo, concluye que la acusada, María Pilar V.V., actuó por "resentimiento y despecho" al ser trasladada de la sección de Micobacterias donde trabajaba a otra del mismo laboratorio, decisión con la que expresó "abiertamente" su "desacuerdo y enfado".

Al parecer la acusada, que tenía la categoría de técnica superior, se encontraba "a gusto" en su sección, "donde tenía una relación de confianza y amistad muy estrecha con el facultativo responsable de la misma".

En un exhaustivo y detallado relato de hechos, el tribunal zaragozano motivó la decisión de la técnica en la creencia de que "no merecía" el cambio de puesto, lo que le llevó a inocular muestras de tuberculosis remitidas por la Organización Mundial de la Salud a pruebas hechas a pacientes, sin tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.

Estos hechos, llevados a cabo en dos ocasiones los días 4 de marzo y 2 de abril de 2016, provocaron situaciones de estrés y ansiedad entre los pacientes cuyas muestras fueron contaminadas.

Al hilo de estos argumentos, el Supremo admite que aunque no existen pruebas directas sobre la autoría de la acusada, sí que se recogen abundantes pruebas indiciarias de entidad para responsabilizarla de los hechos.

Tras valorar las investigaciones del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Zaragoza y las aportaciones de los propios responsables de la sección donde trabajaba la mujer, el alto tribunal destaca que la conclusión a la que llegó el tribunal zaragozano "no sólo es coherente, sino que se presenta como la única plausible".

A juicio de los magistrados del Supremo, "sólo en ella (la acusada) se adivina una posible motivación para esas conductas que, sin ese móvil, se presentarían como inexplicables, absurdas o ilógicas dado el indubitado carácter intencionado de los sucesos".

La mujer fue condenada a 2 años de prisión por el delito de riesgo generado y de 3 por la falsedad documental probada, así como a indemnizar en 8.473 euros al servicio del Salud del Gobierno aragonés, y a cantidades por un importe total de 3.000 euros a cinco pacientes que sufrieron las consecuencias de la acción de la acusada.