Aragón

ALTO ARAGÓN - NORMATIVA AGRÍCOLA

El decreto estatal del porcino, más actual y sostenible que el anterior

La nueva normativa obliga a cubrir las balsas de purines de nueva creación antes de junio de 2020 y amplía las distancias de las instalaciones con las carreteras

El decreto estatal del porcino, más actual y sostenible que el anterior
El decreto estatal del porcino, más actual y sostenible que el anterior
S.E.

HUESCA.- La publicación del decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de febrero, responde a las necesidades del sector de una mayor regulación por el incremento del número de explotaciones y cabezas de ganado así como de los requisitos medioambientales estipulados desde Europa para garantizar su sostenibilidad.

Según el corresponsable del sector porcino de Uaga-Coag, Daniel Quílez, la normativa estipula que la distancia de las explotaciones respecto a las carreteras provinciales y autonómicas ha subido de 15 a 25 metros, mientras que se mantiene la distancia de 100 metros respecto a vías de titularidad estatal, "que ya estaba vigente".

En el caso de las distancias entre explotaciones de granjas intensivas, "es la misma que teníamos vigente hasta ahora por lo que no generan ningún problema", explica Quílez. De forma general, "dos explotaciones ganaderas tienen que estar separadas un kilómetro de distancia entre sí".

Respecto al modo de utilizar los purines en el campo, indica que "las cubas ya no pueden utilizar el abanico" y en su lugar se empleará un sistema directo desde la cuba al suelo, y evitar que se expanda por el aire. Estos aplicadores de purín serán obligatorios a partir de junio de 2020 "para impedir la expulsión de amoniaco a la atmósfera" con un disminución del 50 % de la carga contaminante de este componente a la atmósfera.

Desde Uaga, explica Quílez, se considera "escaso" el plazo de adaptación hasta junio del 2020 "al haber mucha maquinaria antigua y no creemos que las fábricas den abasto para suministrar los aplicadores que se necesitan". Por ello, Uaga tiene previsto con buscar una solución con la Dirección General de Desarrollo Rural.

Por otro lado, España tiene establecido un límite de emisión de amoniaco anual, que se está sobrepasando. "Esto nos obliga a los ganaderos a reducir las emisiones de amoniaco en un 60 por ciento en nuestras explotaciones", comenta el corresponsable del sector porcino de Uaga-Coag. La medida, explica, implica que "las balsas de purines de nueva construcción dispongan de algún sistema de cubrición para evitar emisiones de amoniaco a la atmósfera de entre un 60 y 80 por ciento".

Según Daniel Quílez, "si España no ha rebajado las emisiones de amoniaco en 2023 deberá cubrir las balsas de purines ya existentes".

Por otro lado, Uaga urge actualizar las tablas de concentraciones de nitrógeno en los purines del actual decreto que toman como referencia las del año 2000, "al encontrarse totalmente desfasadas por la evolución de las genéticas, los sistemas de alimentación y la calidad de la proteína que hacen que los cerdos sean más eficientes y se emita menos nitrógeno por plaza de cerdo", detalla Quílez.

También los índices de carga de nitrógeno por plaza de cerdo y los metros cúbicos de purín están desactualizados al tomar como referencia el año 2000. "Estas restricciones no serían tal y como son si las tablas estuviesen actualizadas", expresa.

En este sentido, tomó como referencia un estudio de Cataluña en 27.000 cabezas de porcino que revela "que las cargas por nitrógeno han descendido un 40 por ciento".

Para el responsable sectorial de porcino de Asaja Huesca, José María Orús, "lo positivo del real decreto es que conocemos las normas básicas y se actualiza el del año 2000" de cara a las próximas décadas. Con esta medida, "se posiciona el sector porcino español en los mercados mundiales e integra las demandas sociales y medioambientales que se producen en la sociedad".

Indica que la normativa estatal define las capacidades máximas de las explotaciones, equipamientos, cuestiones de bioseguridad, condiciones higiénico-sanitarias en el marco europeo.

Según señala Orús, el Real Decreto recoge medidas planteadas por Asaja como "pequeñas y medianas granjas a las que permite soluciones de pequeñas ampliaciones para ser viables y tener continuidad".

Como inconveniente, señala que "el decreto ofrece unas exigencias que hacen difícil crear nuevas instalaciones con soluciones técnicas".

Por ello, Asaja Huesca reclama "celeridad al Gobierno de Aragón para que adapte el Real Decreto a la normativa autonómica" y una "mayor flexibilidad para poder gestionar los estiércoles a partir de centros gestores y que las alternativas de desnitrificación sean viables".

Por parte de UPA Aragón su secretario general, José Manuel Roche, expresa que el decreto ha nacido de la participación de organizaciones agrarias, grupos medioambientales, ganaderos e industria. "Creemos que se ha hecho una buena radiografía del sector porcino en Aragón", subraya.

A su juicio, "es un decreto en el que se recogen las opiniones de las organizaciones profesionales agrarias", y subraya que el reglamento "incluye una mejor gestión del purín y del manejo de los animales".

Otro de los aspectos destacados por Roche es que el porcino "es el único sector que se ha comportado bien en los últimos años" en el sector primario.

Por parte de Araga, Javier Calvete, vocal del sector de regadíos y porcino, aporta que uno de los aspectos mejorables es el "exceso de burocracia" a la que se ven obligados a enfrentarse los ganaderos del sector porcino en la actualidad y "se mostró partidario de apoyar las normativas que redunden en un bien común".

Respecto al papel que desempeñan las oficinas comarcales agrarias, reivindica "la labor de apoyo de su personal". En el caso de la regulación de purines, aboga por la "flexibilidad" para "ayudar mucho a la implantación de gestoras comunes en las cooperativas o agrupaciones de defensa sanitarias con las que se llevará mucho más medido el purín en el campo". Una medida que, en su opinión, requiere "de mayores dotaciones presupuestarias y con ayudas e información hacia la ganadería".

Y desde el Gobierno de Aragón resaltan que este decreto "está en consonancia con la normativa aragonesa de garantizar la viabilidad del sector a través de la sostenibilidad".

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