Unanimidad para pedir instrumentos legales para Aragón para controlar rebrotes

ZARAGOZA.- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos consiguió el apoyo unánime de las Cortes de Aragón para que el Gobierno de Aragón inste al Ejecutivo central a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para dotar a la comunidad de los instrumentos legales pertinentes que permitan controlar eventuales rebrotes.

La propuesta también pretende seguir profundizando en la línea del acuerdo unánime alcanzado el 14 de agosto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas, en el que se acordó la adaptación de varias medidas para intentar frenar la expansión del virus y se continúen articulando instrumentos de colaboración entre las administraciones para dotar a las comunidades de los instrumentos legales pertinentes.

"Es necesaria una norma uniforme que ayude a combatir esta pandemia por parte de todas las administraciones", subrayó la portavoz de Ciudadanos en Institucional y de Desarrollo estatutario, Beatriz García, durante el debate, en sesión plenaria, de una de las iniciativas de la formación liberal que pretende acabar con la inseguridad jurídica dada la disparidad de criterios de los juzgados en la interpretación de las mismas.

Durante la sesión plenaria de este jueves, la formación liberal también consiguió el apoyo de la cámara para impulsar las medidas necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

Por ello, se pidió elaborar un plan autonómico contra la ocupación Ilegal de viviendas, potenciar la coordinación y la cooperación institucional y elaborar un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles.

Su portavoz, Carlos Ortas, señaló que "no se trata de perseguir a las víctimas de desahucios sino a quienes de forma predeterminada y delictiva hacen uso ilegitima de viviendas". E insistió, "tratamos de proteger la propiedad de los pequeños inversores, de los ciudadanos a pie y de aquellos que han invertido su trabajo y esfuerzo en una propiedad".