Uaga y Asaja de Aragón se oponen a la orden sobre los temporeros

FRAGA/HUESCA.- Las asociaciones agrarias han mostrado su malestar tras el anuncio de publicar una orden en la que se exigirá a los fruticultores una previsión de contratación de trabajadores y en la que se les hace responsables del alojamiento de estos. Además, esta orden anunciada por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, también pide un contrato y una declaración responsable de tener alojamiento a los trabajadores para poder moverse por la comunidad.

Por ello, el responsable de fruta dulce de la organización agraria Uaga, Óscar Moret, ha pedido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón que abra una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias y los representantes de los fruticultores para poder preparar la próxima campaña frutícola y las medidas de seguridad sanitaria necesarias. Estas cuestiones "se deben resolver a base de diálogo y no por la imposición vía orden en el BOA", valora Moret.

Según el responsable sindical, "los agricultores somos los primeros interesados en mantener una seguridad sanitaria en el medio rural, porque somos los que vivimos aquí. El año pasado ya se hizo un esfuerzo para contratar en origen, y para contar con alojamientos dignos y para mantener las medidas sanitarias en el campo y en el traslado hasta allí".

En este sentido, agrega Óscar Moret, "estamos de acuerdo en acondicionar alojamientos a los temporeros, aunque seamos el único sector al que se le exige, pero se nos está imponiendo responsabilidades que no nos corresponde. No podemos ser los responsables de lo que haga un trabajador fuera de las horas de trabajo, ni podemos obligarles a vivir en el alojamiento que les hemos preparado, si no quieren".

En la misma dirección van las críticas del secretario general de Asaja en Aragón, Ángel Samper, quien, además, sugiere que transgrede el terreno de lo legal: "¿Qué diría un juez si el empresario estuviera controlando al trabajador en su casa? Se está invadiendo su derecho a la privacidad", señala.

"Normalmente los trabajadores no quieren que se les procure el alojamiento porque les sale más caro. Ellos vienen a ganar dinero, buscan su alojamiento y lo comparten con muchos otros, y les sale mucho más barato", explica Samper.

El responsable de fruta dulce de Uaga, agricultor de Almudáfar, entiende que es necesario un control en la llegada de trabajadores temporeros, "para de alguna manera tener esa población controlada y evitar contagios. Nosotros podemos exigir un contrato, pero no podemos controlar a trabajadores de otros sectores, muy afectados por la pandemia, o que están en el paro, que vengan aquí a buscar trabajo sin un contrato previo. El año pasado, en pleno confinamiento, llegaron muchas personas a la zona sin contrato. Eso no nos corresponde a nosotros controlarlo".

En cuanto a la amenaza de intensificar las inspecciones en las explotaciones frutícolas, Óscar Moret, señala que "los productores cumplen con las normas laborales". "Hemos tenido inspecciones desde siempre y las sanciones han sido mínimas. El problema es que da la impresión de que se nos está criminalizando y se nos trata como si fuéramos el principal foco de contagios, cuando la fruta ya se dejó de recoger hace meses y los contagios han vuelto a subir".

Por su parte, el secretario general de Asaja critica que "se tiende a poner el punto de mira en el empresario". Por ello, Samper defiende que "no se trata de defender gratuitamente a unos o a otros. Si un trabajador incumple el régimen de prevención, que el régimen sancionador permita automáticamente echar a la persona".

Moret invita al consejero Olona a que "cumpla con las leyes, porque está muy bien que exija las que le corresponde a las autoridades laborales, pero también debería cuidarse de cumplir las que le corresponde a su departamento, como la ley de control de precios en la cadena alimentaria o la que prohíbe la venta a pérdidas".