Sale adelante el proyecto para regular las aguas residuales en Aragón

El pleno de las Cortes de Aragón dio este martes el visto bueno al Proyecto de Ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (Imar) que sustituye al Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) y que supondrá una rebaja del recibo del agua al 95 % de la población y por contra una reducción de la recaudación de 5,7 millones de euros.

En su defensa de la norma, que salió adelante con el apoyo de los socios del gobierno y de Cs, el voto en contra del PP y Vox y la abstención de IU, intervino el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, quien recordó que se trata de una ley “de carácter exclusivamente tributario”.

La cuota líquida de este impuesto se calcula en función de diferentes coeficientes como la existencia de depuradora, su gestión o el volumen de población.

El sistema de bonificaciones vigente se sustituye por unos coeficientes de aplicación sobre la cuota íntegra del impuesto en función del tamaño de la población, de la implicación del Gobierno de Aragón en la inversión o la gestión de las instalaciones, es decir si está gestionada o no por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), aunque quedan sin tributación los usos conectados a poblaciones de menos de 20 habitantes salvo si su depuradora está gestionada por la Comunidad autónoma.

Se mantiene la compatibilidad con otras tasas de ámbito local y se incluye un régimen de exenciones que mejoran la simplificación.

Según Olona, el Imar graba más a los contribuyentes que hubieran estado sujetos al impuesto y a la nueva tasa y menos a quienes hubiesen estado sujetos solo al impuesto. Se limita al saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas y se eliminan las previsiones referentes a la prevención de la contaminación y abastecimiento.

En el recibo se introduce una reducción del 9,2 % en el término fijo y se incorpora la progresividad en la tarifa variable en el uso doméstico, lo que supone una bajada del 6 % para un consumo de 12 metros cúbicos mensuales.

En general, aseguró el consejero, “todos los usuarios verán reducir su objetivo hasta consumos del 16 metros cúbicos al mes, lo que supone el 95 %” de los consumidores. Además desaparece la denominación de uso industrial, en el que estaban incluidos usos comerciales, peluquerías o bares, que pasan a incluirse en el régimen simplificado industrial.

Desde el PP, Ramón Celma, rechazó la ley porque “el único pretexto” que debería ser la protección del medio ambiente “se ha visto eclipsado por el afán recaudador del Gobierno de Aragón”.

Óscar Galeano (PSOE) le recordó que fue el PP el que impulsó el ICA. El diputado de Cs, José Luis Martínez, mostró su apoyo porque esta norma “demuestra que se puede cuidar el medio ambiente y depurar las aguas y bajar impuestos”. Nacho Escartín (Podemos) mostró su satisfacción porque el ICA “va a pasar a la historia” al tiempo que se cumple con la normativa estatal y europea. Santiago Morón (Vox) justificó su rechazo porque no se compensa suficientemente el mayor consumo de las familias numerosas y aumenta el impuesto para la actividad industrial. Joaquín Palacín (CHA) defendió poder contar con un sistema propio que atienda las peculiaridades de la Aragón. Esther Peirat (PAR) adelantó su apoyo y Álvaro Sanz, IU, se abstuvo.