Aragón

OPERACIÓN POLICIAL

Detenidas en Zaragoza cuatro mujeres por coaccionar a una víctima de violencia de género

Amenazaron y agredieron a otra por no retirar una denuncia que había interpuesto contra un familiar de ellas

Agente de la Policía Nacional.
Agente de la Policía Nacional.
E. PRESS

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a cuatro mujeres de 19, 33, 35 y 54 años como presuntas responsables de un delito contra la Administración de Justicia.

Todo comenzó el pasado día 14 de julio en la Avenida de Madrid cuando una mujer alertaba al CIMACC 091 que su expareja había quebrantado la orden de alejamiento que tenía hacia ella y la había amenazado.

Rápidamente una patrulla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se personó en el lugar comprobando que, efectivamente, el hombre se encontraba muy próximo a la víctima, procediendo a su detención por un delito de quebrantamiento de condena.

Unas horas más tarde, cuatro familiares del detenido acudieron al domicilio de la víctima donde la intimidaron con amenazas muy graves para que retirase la denuncia antes mencionada. Pero no se conformaron con las amenazas, sino que también le propinaron varios golpes y bofetadas.

Otro indicativo de seguridad ciudadana acudió a lugar y, tras indagar sobre lo sucedido, procedió a la detención de estas cuatro mujeres por intimidar directamente a la víctima de un procedimiento penal en curso como represalia por no retirar la denuncia.

Estas cuatro personas, sin antecedentes policiales, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia el día 15, decretando libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que aquellas personas que, con violencia o intimidación intenten influir, directa o indirectamente, en un denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento, para que modifique su actuación procesal, o realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia por su actuación en un procedimiento judicial puede cometer un delito contra la Administración de Justicia.

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