Aragón

DIGITALIZACIÓN

Aragón sigue con la transformación digital de la Administración de Justicia

Ha captado 867.000 euros procedentes del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la regulación del teletrabajo
Habrá diversas mejoras en el programa Avantius de gestión procesal.
S.E.

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Justicia, ha captado 867.000 euros procedentes del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) con destino a la transformación digital de la Administración de Justicia y el avance en la interoperabilidad con las comunidades autónomas que se sirven del mismo sistema de gestión procesal.

Las inversiones que con este objetivo está ejecutando la Dirección General de Justicia se centran en la incorporación de la microfonía digital en las salas de vistas y salas polivalentes, y la mejora de los sistemas para retransmisión de juicios desde las salas de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y Audiencias Provinciales a prensa, familiares y público en general.

Además de diversas mejoras en el programa Avantius de gestión procesal; la habilitación de salas polivalentes con posibilidades de videoconferencia y microfonía digital, entre otras posibilidades técnicas; la ampliación del teletrabajo con equipos portátiles propios, y la integración del sistema de cita previa a través de pantallas en zonas de espera en las sedes judiciales.

El impulso del Gobierno de Aragón en materia de digitalización en el ámbito judicial se va a traducir, como última medida, en la integración de las vistas dentro del sistema de gestión procesal, un paso que facilitará el trabajo a los actores involucrados y que estará plenamente implantado en Aragón a principios del próximo año.

Así lo ha dado a conocer este jueves la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, en una Jornada del Comité Permanente de Juezas y Jueces por la Democracia celebrada en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico.

El encuentro ha reunido entre otros a Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Francisco Cabo, subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal del Ministerio de justicia, y el sociólogo Rubén Blanco, profesor de Teoría Sociológica en la Universidad Complutense.

Júlvez ha destacado “la labor desarrollada por el Gobierno de Aragón en el ámbito de la digitalización”, lo que se traduce en que “el expediente judicial electrónico está ya plenamente implantado en la Comunidad”.

“Tenemos un expediente judicial electrónico sobre el que trabajamos de verdad. Un expediente en el que los ciudadanos pueden entrar a comprobar una notificación y que no precisa de ningún tipo de papel impreso. El paso siguiente ha de ser el comunicarnos con quienes trabajan con el mismo sistema en otras comunidades autónomas y para eso necesitamos de los fondos europeos. Con fondos propios sería prácticamente imposible”, ha dicho Júlvez.

La integración del sistema Fidelius en Avantius está en la última fase, de forma que ya está programada su puesta en funcionamiento para la provincia de Teruel de forma inminente.

A continuación se incorporará la provincia de Huesca y, finalmente, el próximo mes de enero, la de Zaragoza. Este paso servirá de ayuda porque no hace falta salir del sistema para consultar las vistas y todo el trabajo se realizará dentro del mismo entorno digital.

En esta línea de trabajo, la Dirección General de Justicia ha instalado un servicio de microfonía digital en las salas de vistas que va a sustituir a la analógica, lo que va a aportar un plus a la calidad de los audios.

En el ámbito laboral, ha comenzado un proyecto piloto de virtualización del puesto de trabajo, de forma que los empleados van a poder acceder desde cualquier lugar no solo al sistema de gestión, sino a toda la información contenida en su ordenador de mesa.

Y se adquieren dispositivos portátiles para suministrar a todo el Instituto de Medicina Legal, compuesto por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, para que deslocalicen su puesto de trabajo cuando resulte necesario.

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