Aragón reduce su tasa de pobreza en menores, pero aún afecta a 1 de cada 5

Aragón experimentó en 2020 un “descenso significativo” de la tasa de pobreza relativa en menores de 0 a 17 años con relación al año anterior, pasando de una tasa del 25,81 en 2019 al 21,34, lo que supone una diferencia de 10 puntos con la tasa de España.

Es uno de los datos que arroja el Informe Anual sobre Infancia y Adolescencia en Aragón, que han presentado este miércoles en la sede del Justicia de Aragón el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, y el asesor de Menores y Mayores de la institución, Andrés Esteban, después de habérselo hecho llegar al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

Y, aunque se trata de la tasa más baja en los últimos ocho años, supone que uno de cada cinco menores de edad está por debajo del umbral de pobreza en Aragón, mientras que el informe también refleja que una cuarta parte de los hogares aragoneses no puede hacer frente a gastos imprevistos.

Pero, como ha recordado el asesor de Menores, hay que tener en cuenta que España tiene de las peores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía.

Otro de los datos preocupantes es la tendencia de disminución de la población menor, que supone el 16,7 % respecto al total de Aragón, con un descenso de 1.953 niños y niñas con respecto al año anterior.

De hecho, en el informe del año pasado se alertó de que los bebés de menos de un año bajaban por primera vez de los 10.000 en la Comunidad, una situación que se ha repetido en el 2020.

Esteban ha señalado que, si hay 13.915 niños de 12 años frente a los 8.000 de menos de uno, esto se traduce en que la población infantil ha bajado un 36,7 en Aragón en 12 años, si bien en los últimos años esta tendencia se ha suavizado ligeramente por la incorporación de niños y niñas procedentes de otros países.

Y otro dato sobre el que han puesto el acento es la desigual distribución territorial de la población infantil en Aragón. De hecho, la población infantil de las tres comarcas más pobladas representa el 68,6 % del total, frente al 31,4 % que se distribuye entre las 30 comarcas restantes.

El asesor de Menores, que ha mostrado un gráfico en el que la línea se dispara en la Comarca Central, en la que está situada la ciudad de Zaragoza, ha insistido en que esta “foto”, que refleja la desigual distribución, incide en los servicios públicos, mientras que “ningún menor podrá ser discriminado por vivir en distintas zonas porque todos tienen los mismos derechos”.

En cuanto a las quejas remitidas a la institución, han señalado el ligero descenso en las que tienen que ver con las relaciones familiares, procesos de separación conflictiva de los progenitores y su afectación a los niños y niñas: violencia filio parental, manipulación de los hijos, falta de control de los mismos o sobre la privación de vínculos afectivos especialmente de los abuelos.

En materia de adopción internacional, se han realizado resoluciones para mejorar los procesos de adopción internacional, sobre todo, en lo que se refiere al seguimiento y supervisión de los Organismos de Adopción Internacional.

En sanidad, han alertado sobre las numerosas quejas respecto a la asistencia pediátrica prestada en centros de salud y consultorios locales ubicados en la ciudad de Zaragoza o en alguno de sus barrios rurales.

En concreto, uno de los asuntos más preocupantes para el Justiciazgo es el déficit de atención en salud mental infanto-juvenil, que ha sido una demanda habitual de la ciudadanía, pero que con el efecto pandemia ha multiplicado su necesidad, pues existe un alarmante desbordamiento de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIF), tanto en Zaragoza, como en Huesca y Teruel.

El portavoz de la institución ha puesto algunos ejemplos concretos sobre este ámbito, como la escasez de camas para estos pacientes en el Hospital Clínico de Zaragoza, con solo 6 plazas y 15 menores en lista de espera. O el testimonio de una madre de Ejea de los Caballeros que tiene que desplazarse hasta Zaragoza para acudir al psiquiatra con su hijo debido al problema de la falta de estos profesionales en el mundo rural.

En educación, se subraya la falta de profesionales para una correcta atención del alumnado con necesidades educativas especiales, la necesidad de implementar medidas contra el acoso escolar o las numerosas quejas sobre el transporte escolar, entre las que han destacado las dirigidas al IES Pirámide de Huesca, con un centenar de familias afectadas.

Por último, el informe da cuenta de las visitas a los Centros Residenciales de Menores en Aragón por parte del Justiciazgo, que por primera vez en el 2021 llegó a la totalidad de ellos.

De estas, se valora positivamente el funcionamiento, y su cumplimiento de la normativa, si bien podrían desarrollarse mejoras que han trasladado a la Administración, como no discriminar a los adolescentes con discapacidad intelectual a la mayoría de edad y que se les dé la opción de prórroga como al resto o que se siga potenciando el acogimiento familiar frente al residencial.

“Lo que requiere un niño es una referencia familiar y en ese caso hay que potenciar los acogimientos familiares. Y eso es una corresponsabilidad de la sociedad: los niños y niñas son lo suficientemente importantes como para que no estén en manos solo de las administraciones, sino del conjunto de la sociedad”, ha afirmado Esteban, quien ha incidido en que “no habrá acogimientos familiares si no hay familias dispuestas a acoger”.

Por su parte, el lugarteniente ha añadido que con respecto a los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) la conflictividad es “mínima” y que “nos tenemos que olvidar de la ‘e’, porque no son MENA, son menores no acompañados. “Y por eso lo mismo me da que hayan nacido en Juslibol que en Agadir”, ha apostillado.

De hecho, ha abogado por un sistema “único y sin división”, sin centros de acogida “para un tipo u otro de niño” porque solo hay un tipo: “menores que necesitan el apoyo de las instituciones públicas”.