VIOLENCIA MACHISTA
Justicia da marcha atrás a la intención del CGPJ de agrupar juzgados de violencia sobre la mujer
El GA informó negativamente por entender que la agrupación en uno en Zaragoza podría dificultar el acceso a algunas víctimas del medio rural
El Ministerio de Justicia ha decidido dar marcha atrás a la intención del Consejo General del Poder Judicial de agrupar los juzgados de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona, ante la falta de consenso.
En una nota de prensa, el ministerio recuerda que pese a la opinión favorable del CGPJ, el Gobierno de Aragón informó negativamente sobre la agrupación por entender, según dijo en su día la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, que la agrupación de estos juzgados en uno en Zaragoza podría dificultar el acceso a la justicia a algunas víctimas del medio rural.
Desde el Ministerio de Justicia justifican que la agrupación de los juzgados de violencia sobre la mujer se debe a la necesidad de dar respuestas más especializadas a este tipo de procedimientos en órganos específicos, siempre manteniendo una "proximidad razonable" con el juzgado del que procede.
Agregan que estas agrupaciones sirven, también, para combatir el exceso de carga de trabajo de los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción que compatibilizan la atención en materia de violencia de género con la del resto de la jurisdicción penal.
Y concluyen que es una exigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de septiembre de 2017, así como un mandato legal recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma de 2015.
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Justicia.
Fuentes del ejecutivo precisan que, de haberse aprobado la unificación, se hubiera obligado a las víctimas y a sus familiares a desplazarse hasta Zaragoza capital desde La Almunia, Ejea y Tarazona.
La agrupación, abundan las fuentes, "iba en contra del acceso a los servicios públicos en las zonas menos pobladas, en una cuestión además especialmente sensible, y en contra también de los convenios de VioGen, con los que se pretende buscar los recursos en el territorio para facilitar que estas mujeres tengan facilidades para denunciar, y no al revés".
