Aragón gravará fiscalmente a parques eólicos y fotovoltaicos

El Gobierno aragonés gravará fiscalmente la explotación en la comunidad de parques eólicos y fotovoltaicos y modificará el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, con lo que prevé recaudar 31 millones de euros para preservar y garantizar la conservación del medio natural en las zonas afectadas.

Así lo anunció este martes el presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, en una reunión mantenida en la localidad turolense de Alfambra con representantes de las tres asociaciones de municipios para la gestión de estas energías limpias, las de Altiplano, Viento Alto y Majalinos, tras la que ha anunciado la redacción del anteproyecto de ley que establece la creación de estos impuestos.

El responsable autonómico explicó que con ambos impuestos, que regulará la generación de afecciones e impactos y visuales en las zonas afectadas por la instalación de estos parques, se prevé recaudar alrededor de 31 millones de euros, una cantidad, añadió, “bastante considerable” que se destinará a medidas preventivas o de regeneración de los hábitats naturales.

No obstante, apuntó, esta regulación fiscal eximirá de estos impuestos a las instalaciones destinadas a autoconsumo, sin excedentes para su comercialización, o las de potencia inferior a los 500 kilovatios.

Lambán defendió este sistema como un modelo energético “propio” destinado a “ser autosuficientes y a abaratar las facturas de la energía de las familias y empresas aragonesas”, con un consumo de cercanía en cuyo marco se pretende potenciar el autoconsumo. Un modelo “pionero”, prosiguió el dirigente autonómico, que prevé, entre otros objetivos, la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética que incluirá medidas de inversión compensatorias en las zonas que soportan las cargas territoriales de estas instalaciones.

En este sentido, explicó que la finalidad última de los nuevos impuestos creados se incardina en el compromiso de sostenibilidad impreso a las distintas políticas del ejecutivo regional, y precisó que las empresas responsables de estas instalaciones deberán ser “cuidadosas” en cuanto a las posibles afecciones que podrían causar al medio natural.